El Procurador General designó a monitores independientes para supervisar cuatro centros Los hogares de ancianos seguirán mejorando la atención después de que los residentes sufrieran años de maltrato y negligencia
El acuerdo marca el tercer conjunto de reformas significativas en hogares de ancianos logradas por la Procuradora General James para proteger a los residentes
NUEVA YORK – La procuradora general de Nueva York, Letitia James anuncio un importante acuerdo con los propietarios, operadores, empresa de gestion, arrendadores y varias partes relacionadas de cuatro residencias de ancianos administradas por Centers for Care LLC (Centers) que les exigirá pagar 45 millones de dólares y abordar años de maltrato y negligencia de los residentes.
La investigación de la Oficina del Procurador General (OAG) reveló un fraude financiero significativo y una dotación de personal crónicamente insuficiente en cuatro residencias de ancianos de Centers: Beth Abraham Center for Rehabilitation and Nursing (Beth Abraham Center) en el condado del Bronx, Buffalo Center for Rehabilitation and Nursing (Buffalo Center) en el condado de Erie, Holliswood Center for Rehabilitation and Healthcare (Holliswood Center) en el condado de Queens y Martine Center for Rehabilitation and Nursing (Martine Center) en el condado de Westchester.
Los centros y sus propietarios pagarán un total de 45 millones de dólares, incluidos 35 millones de dólares para financiar directamente la mejora de la atención a los residentes y la dotación de personal. Los centros también aumentarán la dotación de personal y seguirán realizando reformas según lo indicado por un Monitor Independiente de Atención Sanitaria (IHM). El Monitor Financiero Independiente (IFM) también seguirá supervisando las finanzas de los hogares de ancianos. El IHM y el IFM fueron designados por el tribunal en julio y agosto de 2023, respectivamente, como resultado de la demanda de la OAG y ya han mejorado la atención a los residentes en los hogares de ancianos. Los centros y sus propietarios también tienen prohibido cerrar o vender las instalaciones durante al menos tres años. Este es el tercer caso en el que la OAG ha conseguido reformas importantes en los hogares de ancianos de Nueva York.
“Los residentes de estos centros de atención para ancianos sufrieron años de maltrato y negligencia trágicos y devastadores, mientras que los propietarios obtuvieron millones de dólares en ganancias”, dijo la Fiscal General James . “Los propietarios de los centros operaron los centros de atención para ancianos con personal insuficiente para poder embolsarse decenas de millones de dólares de los contribuyentes destinados al cuidado de los residentes. Los residentes sufrieron daños trágicos y sus familias a menudo se quedaron en la oscuridad o en la desesperación por sus seres queridos. Ahora, los centros y sus propietarios pagarán por el daño que causaron y continuarán realizando reformas importantes en sus instalaciones para garantizar que los residentes reciban la atención que merecen. Mi oficina continuará con nuestro trabajo para asegurarnos de que los hogares de ancianos sean entornos seguros y de apoyo para que las personas mayores vivan sus años con dignidad”.
En junio de 2023, la Procuradora General James presentó una demanda contra los Centros por fraude financiero significativo e ilegalidad reiterada, que incluía negligencia hacia los residentes, personal insuficiente y no limitar las admisiones a los residentes a los que podían brindar la atención adecuada. Poco después de presentar la demanda, un tribunal concedió la moción de la Procuraduría General de una orden judicial preliminar para abordar de inmediato los problemas actuales en las instalaciones, incluida la instalación de un Monitor de Atención Médica Independiente y un Monitor Financiero Independiente para supervisar las operaciones y las finanzas de las instalaciones. Desde que esos monitores comenzaron este trabajo de supervisión en julio de 2023, el Monitor de Atención Médica Independiente ha hecho recomendaciones que los hogares de ancianos y los Centros han implementado, en particular aumentando la cantidad de personal y mejorando la atención a los residentes en los hogares de ancianos.
Maltrato y negligencia hacia los residentes
La demanda de la Procuraduría General alegó que los propietarios y operadores de los centros violaron leyes diseñadas para proteger a los residentes. Esto incluye no brindar la atención adecuada a sus residentes, operar los hogares de ancianos con personal insuficiente para brindar la atención requerida, continuar admitiendo residentes en los hogares de ancianos a pesar de que operaban con personal insuficiente para brindar la atención requerida a los residentes existentes y cometer y tolerar innumerables actos de negligencia contra los residentes de los hogares de ancianos. La demanda alegó que los miembros del personal sobrecargados fueron asignados a más residentes de los que podían cuidar y, a menudo, no ayudaron a los residentes con las actividades básicas de la vida diaria, como usar el baño, comer y mantener la higiene personal. Los timbres de llamada con frecuencia no eran respondidos, los residentes fueron obligados a sentarse en su propia orina y heces durante horas, las comidas no se proporcionaron de manera oportuna y las pertenencias personales, incluidos los audífonos, las dentaduras postizas y la ropa, a menudo se perdieron o fueron robadas. Los residentes, los familiares que los visitaban y el personal informaron sobre condiciones insalubres, que incluían bandejas de comida descuidadas, alimañas, moscas y olores persistentes a desechos humanos. Algunos ejemplos de presunta negligencia incluyeron:
- Cuando nadie respondía al timbre de llamada de una residente, a menudo se caía al intentar ir al baño. Después de una caída, el personal le dijo a la hija de la residente que estaba bien, pero tres días después, la residente fue enviada al hospital y requirió una cirugía de emergencia. Los médicos del hospital también descubrieron que la residente sufría una dermatitis del pañal grave que cubría la mayor parte de la parte inferior del torso, lo que indicaba una falta de atención adecuada.
- El hijo de otro residente se dirigía a visitar a su padre cuando lo encontró deambulando por la calle desaliñado y sin supervisión. El hombre fue enviado al hospital ese mismo día, donde le diagnosticaron deshidratación grave. Cuando le dieron el alta, su hijo lo trasladó a otro asilo de ancianos.
- Una residente se cayó de la cama y la volvieron a poner en cama sin examinarla y no notificaron a su familia. Cuando su hija no pudo comunicarse con ella, intentó visitarla, pero no la aceptaron. Su hija llamó a la policía y vio cómo los paramédicos sacaban a su madre inconsciente en una camilla. En el hospital, le diagnosticaron a su madre una hemorragia cerebral causada por la caída.
Fraude financiero
La demanda alegaba que los propietarios de Centers Health Care, Kenneth Rozenberg y Daryl Hagler, y otras partes relacionadas, habían participado en múltiples esquemas fraudulentos para desviar decenas de millones de dólares de los contribuyentes de los hogares de ancianos, incluidos acuerdos inmobiliarios colusorios, préstamos innecesarios y exorbitantes con tasas de interés infladas, honorarios falsos pagados a empresas que ellos y sus familiares poseen, y salarios inflados pagados por trabajo que no se realizó. Mientras tanto, los propietarios ignoraron y violaron las regulaciones que les exigían operar los hogares con personal suficiente para brindar toda la atención necesaria y requerida a los residentes actuales.
En un supuesto esquema, Hagler, como propietario, cobró a los asilos de ancianos, que eran propiedad de Rozenberg, alquileres inflados que excedían los gastos hipotecarios necesarios para que Rozenberg y Hagler pudieran quedarse con el exceso de fondos para sí mismos. Por ejemplo, Buffalo Center informó al Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH) que la instalación tendría un alquiler anual de $600,000. Unos meses después, cuando Rozenberg y Hagler compraron Buffalo Center y sus bienes raíces, firmaron un nuevo contrato de arrendamiento que obligaba a la instalación a pagar un alquiler anual de $2 millones.
Sanciones y reformas necesarias
Sanciones monetarias
Los centros, Kenneth Rozenberg y Daryl Hagler pagarán 45 millones de dólares, incluidos 8,75 millones de dólares en concepto de restitución a los programas Medicaid y Medicare y 35 millones de dólares a un Fondo de Atención a Residentes que se utilizará para apoyar las reformas recomendadas a las instalaciones. Si es necesario para llevar a cabo las recomendaciones del IHM, los centros y los propietarios aportarán otro millón de dólares al fondo.
Monitor independiente de atención sanitaria (IHM)
Según el acuerdo, el IHM instalado en julio de 2023 seguirá supervisando los hogares de ancianos al menos hasta el 31 de julio de 2026. Durante los dos años siguientes, los hogares de ancianos deben mantener los niveles de personal recomendados por el IHM, incluido el aumento de los puestos de enfermeros titulados. Mientras tanto, el IHM supervisará los hogares de ancianos y hará recomendaciones para aumentar la calidad de la atención, los niveles de personal, la supervisión, la formación y la compensación para evitar malas condiciones de trabajo. Los hogares de ancianos y sus propietarios deberán implementar las recomendaciones del IHM. El IHM también hará recomendaciones específicas para aumentar aún más el personal de atención directa y de supervisión y la compensación según sea necesario para garantizar que los residentes reciban la atención adecuada y que los hogares de ancianos no utilicen regularmente personal temporal o de agencia.
Monitor Financiero Independiente (IFM)
El IFM, que también se instaló en julio de 2023, seguirá supervisando las transacciones financieras de los hogares de ancianos, incluso con partes relacionadas, para garantizar el cumplimiento del acuerdo de la OAG y la ley, y para prevenir futuros fraudes. El IFM también supervisará el Fondo de Atención a Residentes y solo aprobará los desembolsos que sean consistentes con las recomendaciones del IHM. El IFM continuará con este trabajo al menos hasta el 31 de julio de 2026. Si queda algún saldo restante en el Fondo de Atención a Residentes después de este punto, el IFM supervisará cualquier transferencia desde este y aprobará solo aquellas que sean consistentes con las recomendaciones del IHM.
Oficiales de cumplimiento
Los centros contratarán a un Director de Cumplimiento y a un Director de Cumplimiento de las Instalaciones en cada uno de los cuatro hogares de ancianos para garantizar que las instalaciones cumplan plenamente con todas las leyes federales y estatales para prevenir futuros malos tratos, negligencia y fraude financiero de los residentes. Los Directores de Cumplimiento de las Instalaciones trabajarán directamente con el Director de Cumplimiento, quien informará a los propietarios y operadores de los hogares de ancianos.
Cooperación
Los Centros acordaron cooperar plenamente con el IHM y el IFM, y cooperar total y rápidamente con cualquier investigación o acción relacionada por parte de la OAG.
La Fiscal General James ha estado investigando hogares de ancianos en todo Nueva York debido a preocupaciones sobre negligencia hacia los pacientes y otras conductas que pueden haber puesto en peligro la salud y la seguridad de los residentes y los empleados, tanto antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. En enero de 2021, la Fiscal General James publicó un informe que revelaba que muchos hogares de ancianos estaban mal equipados y mal preparados para enfrentar la crisis de la pandemia debido a la falta de personal y al incumplimiento de los protocolos de control de infecciones.
En marzo de 2024, la Fiscal General James consiguió 8,6 millones de dólares y reformas importantes para el asilo de ancianos Fulton Commons en Long Island . En abril de 2023, la Fiscal General James codirigió una coalición de fiscales generales para pedir una mayor transparencia en la propiedad de los hogares de ancianos . En febrero y diciembre de 2023, la Fiscal General James y la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York, Carla Freedman, consiguieron más de 7,8 millones de dólares del Centro de Rehabilitación y Atención de Enfermería Especializada de Saratoga, un antiguo asilo de ancianos en Ballston Spa, y de sus propietarios, operadores sin licencia y propietario por años de fraude y negligencia hacia los residentes. En diciembre de 2022, la Fiscal General James demandó al Centro de Enfermería y Rehabilitación de Cold Spring Hills por desviar millones de fondos gubernamentales de la atención a los residentes, lo que provocó negligencia y abuso generalizados de los residentes. En noviembre de 2022, la Fiscal General James presentó una demanda contra The Villages of Orleans Health and Rehabilitation Center , un hogar de ancianos en Albion, Nueva York, por años de fraude financiero que resultaron en negligencia y daños importantes a los residentes.
La Procuradora General James alienta a cualquier persona que tenga información o inquietudes sobre condiciones alarmantes en hogares de ancianos o abuso o negligencia de los residentes a presentar una queja confidencial en línea o llamar a la línea directa de MFCU al (833) 249-8499.
Las discusiones del acuerdo fueron dirigidas por el personal ejecutivo de la OAG y la MFCU, con la asistencia del equipo de litigios compuesto por el subdirector de cumplimiento civil Konrad Payne y la fiscal general adjunta especial Emily Auletta.
El acuerdo también fue logrado gracias al trabajo realizado por un equipo de investigación multidisciplinario de la Unidad de Control de Fraude de Medicaid, dirigido por el Director Regional Todd Pettigrew e incluido el Subdirector de Cumplimiento Civil Konrad Payne; la Fiscal General Adjunta Especial Emily Auletta, el Auditor Jefe Dejan Budimir, los Fiscales Generales Adjuntos Especiales Edward Ferrity y Edward Bradley; el Auditor Jefe Adjunto Matt Tandle, la Auditora Jefe Regional Christine Rhody, los Auditores-Investigadores Principales Kizzy-Ann Waldropt, Lora Pomponio, Meghan Collins, Melissa Stoebling y John Annunziata; los Auditores-Investigadores Superiores Siobhan O’Leary, Christopher Giacoia, Colin Ware, Sandra Alvarez, Gina Poletto, David Lee; los Auditores-Investigadores Michael Di Mascio, Jack Lottermoser y Kate Levins; Detective supervisor Jeff Pitts, detective supervisor interino Timothy Bates, detectives Peter Olsen, David Ras, Scott Petucci, Katie O’Neill, Christopher Canfield, Kerie Elias, Aleksandr Lipkin y Brendan Ryan; analistas médicos/enfermeras registradas Stephanie Keyser, Wynsum Thompson, Jennifer Cronkhite y Margaret Walsh; analistas de apoyo legal Alexandra Schmit, Lillybeth Ventura y Natalie Tamblyn y supervisora de analistas de apoyo legal Alexandra Schmit; miembros del equipo de análisis de datos Brandon Andrews, Cally Connelly y Elyse Roche, dirigidos por el científico de datos principal Si Lok Chao; y miembro del equipo del grupo de apoyo de investigación electrónica de MFCU Carlos Martellaro.
El equipo de investigación estuvo supervisado por el Jefe de Cumplimiento Civil Alee N. Scott, el Jefe de Investigaciones Criminales Thomas O’Hanlon, el Subdirector, Comandante William Falk y el Director Regional de la Ciudad de Nueva York Twan Bounds. MFCU está dirigido por la Directora Amy Held y el Fiscal General Adjunto Adjunto Paul J. Mahoney. MFCU es parte de la división de Justicia Penal, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto Jefe José Maldonado y supervisada por la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.
La Procuradora General James agradece al Departamento de Salud del Estado de Nueva York y al Comisionado James V. McDonald, MD, MPH, al Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York y al Comisionado Ashwin Vasan, MD, Ph.D., a la Oficina para el Envejecimiento del Estado de Nueva York y al Director interino Greg Olsen, a la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York y al Inspector General interino de Medicaid Frank T. Walsh, y al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General, Agente Especial Adjunto a Cargo Naomi Gruchacz.
El financiamiento total de la MFCU de Nueva York para el año fiscal federal (FY) 2025 es de $70,502,916. De ese total, el 75 por ciento, o $52,877,188, se otorga mediante una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. El 25 por ciento restante, que suma un total de $17,625,728 para el año fiscal 2025, está financiado por el estado de Nueva York. A través de las recuperaciones de la MFCU en acciones de aplicación de la ley, regularmente devuelve más al estado de lo que recibe en fondos estatales.
