Por: Evelyn Torres, abogado
PERSPECTIVA: Las violaciones y agresiones sexuales perpetrados en contra de las personas menores de edad son crímenes de alto impacto social sobre todo cuando a consecuencia del hecho las víctimas pierden la vida en condiciones que levantan sentimientos de impotencia y compasión poniendo la mirada en los pilares fundamentales de toda sociedad, de manera especial la familia, escuela y las autoridades a quienes corresponde garantizar a los ciudadanos la posibilidad convivir acorde a las reglas de seguridad y paz social que demanda el estado de derecho.
Hechos como el acontecido en la ciudad de Higüey, el pasado 12 de febrero, desvelan la una grave realidad que afecta la generación más joven vulnerable a los peligros que merodean en esa etapa temprana de la vida en la que aún se encuentran sometidos a la autoridad familiar, docente o cualquier otro adulto que participe en su formación y presumen son sus orientadores o ejemplos a seguir.
Una simple revisión a nuestras leyes nos permite entender que, en materia de niños, niñas y adolescentes las mismas sancionan el hecho y ponen a cargo de todas las autoridades la protección efectiva de sus derechos, se les ordena proteger su dignidad e integridad física y psicológica mediante la creación de políticas públicas, acciones procedimientos y resoluciones que protejan los derechos de los menores de edad reconocidos en la ley.
Los tratados internacionales marcan pautas en esta materia y consideran que la prevención a la amenaza o vulneración de derechos los ampara ante situaciones violentas a las que puede estar sometidos y abarcan el maltrato físico y psicológico en el entorno más cercano (hogar, escuela) amenazas que traen como consecuencias el abandono, las agresiones sexuales, la trata de personas, el secuestro, resultados de vivir en un contexto marcado por la violencia política y delictual.
Acorde con los lineamientos internacionales, ley 136-03 Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes diseña una estructura de prevención a cargo de los organismos gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de garantizar la protección integral, promoción y defensa de los niños, niñas y adolescentes, haciendo posible que la protección de los menores de edad sea real y traspase la letra de la ley.
El caso de Higüey, nos recuerda que más allá de la vigilancia, es momento de que las autoridades educativas junto a las entidades gubernamentales aúnen esfuerzos y encausen programas de orientación en los nichos sociales de los que los jóvenes forman parte, colaborando con que los menores de edad, incluyendo los adolescentes, puedan ser protegidos cuando se encuentra amenazados por alguna acción que vaya en contra de los valores sociales y sus derechos.
