Un número creciente de miembros de la Unión Europea (UE), entre los que se incluye Alemania, analiza la posibilidad de emplear medidas “anticoerción” de gran alcance dirigidas a los servicios estadounidenses si el bloque no logra cerrar un acuerdo comercial con el presidente Donald Trump, según dijeron diplomáticos del bloque a la agencia de noticias Reuters.
El Instrumento Anticoerción (ACI), vigente desde finales de 2023, dota a los 27 países de herramientas para responder a presiones económicas ejercidas por terceros con el propósito de alterar sus políticas. Hasta la fecha, la UE no ha recurrido a este mecanismo, considerado como una “opción nuclear” y concebido fundamentalmente como un elemento disuasorio.
La ACI otorga facultades para imponer represalias más allá de los aranceles tradicionales, en respuesta a la amenaza de Trump de gravar con un 30% las importaciones provenientes de la UE antes del 1 de agosto. Entre las medidas consideradas figuran la imposición de cuotas, licencias para regular tanto importaciones como exportaciones, y obstáculos adicionales en sectores estratégicos.
En el ámbito de las licitaciones públicas, valoradas en aproximadamente 2 billones de euros (2,3 billones de dólares) anuales, la ACI permite excluir productos o servicios estadounidenses cuando representen más del 50% de los contratos, especialmente en sectores como la construcción o la defensa. Alternativamente, prevé la aplicación de penalizaciones a proveedores estadounidenses que concursen en estos procesos.
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El alcance de la ACI abarca también servicios en los que Estados Unidos registra superávit comercial con el bloque, incluyendo a empresas como Amazon, Microsoft, Netflix y Uber. Además, las medidas podrían limitar la inversión extranjera directa, restringir la protección de la propiedad intelectual, dificultar el acceso a los mercados de servicios financieros de la UE e imponer trabas a la venta de productos químicos o alimentos provenientes de Estados Unidos.
El procedimiento para invocar la ACI comienza con una revisión de posibles casos de coacción por parte de la Comisión Europea, que dispone de cuatro meses para determinar si la conducta extranjera constituye presión económica. Esta conclusión requiere la aprobación de los Estados miembros mediante mayoría cualificada, criterio más exigente que el necesario para la imposición de aranceles de represalia.
Tras este proceso, la Comisión entablaría negociaciones con el país en cuestión. Si no se logra revertir la coacción, el bloque podría, en un plazo de seis meses y previo nuevo voto, activar las contramedidas, que entrarían en vigor a los tres meses siguientes. El procedimiento estipulado podría prolongarse hasta un año, aunque existe la opción de acortarlo si así lo decidieran los integrantes de la UE.
Este instrumento fue ideado en 2021, impulsado por la preocupación ante el uso del comercio como herramienta de presión política tanto por el primer Gobierno de Trump como por China, cuya política comercial con Lituania constituye un precedente citado por funcionarios del bloque.
