REDACCIÓN INTERNACIONAL.– Mientras la Policía Federal interrogaba ayer al general de reserva del Ejército Gonçalves Dias, ex ministro del Gabinete de Seguridad (GSI) del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, que dimitió precipitadamente el miércoles, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes destituyó al secreto oficial puesto en marcha por el gobierno de Lula por 5 años a las imágenes mostradas sólo en parte por la emisora.
En el breve vídeo, sobre un total de 166 horas de grabaciones a través de las 22 cámaras de seguridad del Planalto, puede ver al general Dias durante la invasión bolsonarista del 8 de enero en una actitud absolutamente tranquila, a pesar de que saqueaban el palacio. Las imágenes muestran a manifestantes que pasan a su lado – Dias incluso les abre la puerta – y llama la atención ver cómo uno de ellos, con la cara tapada, incluso coge un extintor para romper un cristal sin que los militares reaccionen. Otro funcionario del GSI incluso ofreció agua a los invasores.
La gestión de crisis
De Moraes, pidió a la GSI que enviara todas las imágenes al tribunal y ordenó que la policía federal interrogara a todos los militares que aparecían en ellas. En el interrogatorio de ayer, que duró cinco horas, Dias declaró que aquel dramático día retiró a los extremistas, pero que no los detuvo porque estaba “a cargo de la gestión de crisis”. Añadió que no había sido informado del riesgo de actos violentos previstos para ese fin de semana debido a un “apagón del sistema de inteligencia” que no permitió “tomar las decisiones adecuadas”.
Dias es el primer ministro del gobierno de Lula en caer. Apodado “Sombra”, por estar siempre cerca del presidente, ya sea en Brasilia, en viajes nacionales o internacionales, es uno de sus leales y trabajó para su seguridad en sus dos primeros mandatos (2002-2010) y también en el gobierno de Dilma Rousseff.
Escándalo de Lula
En primer lugar, Lula sale muy debilitado de este escándalo por la forma en que lo gestionó. Haber puesto un secreto oficial tan largo alegando que “no era razonable” revelar las imágenes porque pondría en peligro los procedimientos de seguridad del lugar donde trabaja el presidente parece, en retrospectiva, una justificación endeble.
También porque, en cambio, el mismo gobierno había distribuido a la prensa, una semana después de los hechos del 8 de enero, unos vídeos editados que mostraban la devastación de los bolsonaristas, muchos con el rostro cubierto, dentro del mismo edificio.
