SANTO DOMINGO.- Mientras continúan las críticas al nuevo Código Penal por parte de sectores médicos y jurídicos, legisladores que apoyaron la pieza aseguraron que cualquier disposición que resulte inconstitucional podrá ser ajustada mediante modificaciones futuras o por decisiones del Tribunal Constitucional.
El debate sobre la nueva legislación sigue generando reacciones en diversos sectores de la sociedad. El juez de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Alexis Gómez Geraldino, advirtió que la entrada en vigencia del Código Penal podría incrementar los costos de los servicios de salud debido a posibles demandas legales contra los profesionales de la medicina.
Gómez Geraldino sostuvo que el Tribunal Constitucional debe analizar detalladamente la normativa antes de su implementación, ya que algunas disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar tanto a ciudadanos como a distintos gremios profesionales.
Defensa legislativa y ajustes posibles
Frente a estos cuestionamientos, el senador por La Altagracia, Eduard Espiritusanto, defendió la aprobación de la ley y recordó que durante su discusión en el Congreso se advirtió que cualquier aspecto considerado irregular o inconstitucional podría ser corregido posteriormente.
Espiritusanto agregó que el Código Penal fue objeto de amplias discusiones durante su proceso legislativo y contó con la participación de diversas autoridades, incluidos representantes del Ministerio Público, para garantizar un marco jurídico sólido y coherente.
Asimismo, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, aseguró que el período de vacatio legis de un año incluido en la normativa ofrece un margen suficiente para realizar ajustes y correcciones antes de su plena entrada en vigor.
Críticas del Colegio Médico y respuesta oficial
Respecto a las críticas del Colegio Médico Dominicano, cuyo presidente denunció que el gremio no fue consultado durante la elaboración del proyecto, Cedeño afirmó que la normativa ha sido discutida durante más de dos décadas y cuestionó la ausencia de representantes médicos en gran parte de ese proceso histórico.
La nueva normativa jurídica comenzará a aplicarse en agosto, tras cumplirse un año de vacatio legal, periodo destinado a que los actores sociales y profesionales se adapten a los cambios y regulaciones establecidos por el Código Penal.
