La disposición adoptada por la Junta Central Electoral que prohíbe la publicación de encuestas electorales continúa generando reacciones en distintos sectores de la sociedad civil y de la oposición política, debido al momento en que fue aplicada y a los cuestionamientos sobre su sustento jurídico.
La miembro de Participación Ciudadana, consideró positiva la intención del órgano electoral de evitar el proselitismo político fuera de los plazos establecidos; sin embargo, calificó la medida como ilegítima al no estar sustentada expresamente en la legislación vigente.
Blanco explicó que la actual normativa electoral no contempla restricciones generales a la publicación de encuestas en el período previo a las elecciones, salvo disposiciones específicas relacionadas con los días cercanos al proceso de votación.
Ante esta situación, recomendó modificar la Ley de Régimen Electoral para que futuras decisiones de esta naturaleza puedan contar con un marco jurídico claro y debidamente establecido.
“Si se entiende que las encuestas pueden influir en el comportamiento electoral o alterar el equilibrio democrático, entonces corresponde impulsar una reforma legal que establezca reglas precisas y transparentes para todos los actores”, sostuvo.
De su lado, dirigentes de la oposición también manifestaron reservas sobre la medida. El miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Johny Pujols, afirmó que aunque la prohibición no les genera malestar, sí despertó suspicacias debido a que fue anunciada poco después de la publicación de la encuesta Galloup, la cual colocó al Partido Revolucionario Moderno con un 30.4 % en los niveles de simpatía.
La Ley 20-23 de Régimen Electoral establece actualmente la prohibición de divulgar encuestas únicamente durante los ocho días previos a las elecciones y restringe la publicación de encuestas a boca de urna antes de que la Junta Central Electoral emita sus boletines oficiales.
