SANTO DOMINGO.- El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio De la Rosa Tiburcio, aseveró que el propósito detrás de la premura en aprobar el proyecto ley de Fideicomiso, es la entrega total del patrimonio público al sector privado.
“Lo que subyace detrás del fideicomiso, es el traspaso de los bienes del estado al sector privado, a empresarios buitres que están detrás del patrimonio público, como hicieron en el año 1996 con la Ley de capitalización”.
En el país se han creado tres fideicomisos que son el RD Vial, Ciudad Juan Bosch y Movilidad y Transporte, pero estos carecen de transparencia debido a que no se informa la cantidad de dinero ingresado o gastado, aseguró De la Rosa.
“El fideicomiso RD Vial, es el que maneja los peajes y ahora se le suma el de la carretera de Samaná, que es el más caro, diariamente producen millones de pesos y las informaciones son muy débiles, aunque es un fideicomiso público”.
Asimismo, aseguró que el comité técnico de este fideicomiso está compuesto por tres entes públicos, en el de Punta Catalina se creó un comité técnico completamente del sector privado con presencia de uno del sector público.
El presidente de ADOCCO, manifestó que el proyecto de ley trae un componente esencial para la transparencia y prevención de la corrupción, por lo que será necesario que los fideicomisos formados por decretos se ajusten a la Ley.
Pero con relación a Compras y Contrataciones, De la Rosa Tiburcio, dijo que las pretensiones se evidencian, con el establecimiento en la pieza legislativa de que cada fideicomiso tendría su propio reglamento de compras y contrataciones de bienes y servicios, basados en los principios de la Ley 340-06, lo que significa que no se regirán por las disposiciones normativas.
“Si usted hace un reglamento basado en los principios, no en el aspecto normativo de la Ley , usted está generando su propia Ley de compras y contrataciones para ese fideicomiso, lo que traería como consecuencia que cada fideicomiso no tendrá que cumplir con lo que establece la Ley.
También precisó, que esa organización está de acuerdo que el Estado le dé participación al sector privado, pero dentro de las estrictas medidas de transparencia, donde el ciudadano, como poseedor de acciones en la cosa pública, pueda requerir informaciones y participar de los procesos de compras y contrataciones.
