SANTO DOMINGO, RD.- El diputado Charlie Mariotti Jr. afirmó que el nuevo Código Penal debe ser modificado antes de entrar en vigencia, al considerar que varios de sus artículos representan un riesgo para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y las garantías constitucionales.
Durante una entrevista en el programa 3 VOZZES, el legislador explicó que sometió un proyecto para extender el período de vacatio legis del Código Penal por seis meses, con el objetivo de corregir disposiciones que, según sostuvo, podrían generar interpretaciones ambiguas y derivar en sanciones injustas contra periodistas, comunicadores y ciudadanos.
Mariotti recordó que fue uno de los cuatro diputados que votaron en contra de la aprobación del Código Penal, argumentando que, aunque reconoce la necesidad de actualizar la legislación y de incorporar nuevos tipos penales para combatir la criminalidad, existen artículos que, a su juicio, chocan con la Constitución y con derechos fundamentales.
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Entre los puntos que considera prioritarios, mencionó la modificación de los artículos relacionados con el ultraje y otras disposiciones que podrían utilizarse para limitar la crítica a funcionarios públicos. En ese sentido, insistió en que la labor periodística, la sátira y la opinión deben quedar expresamente protegidas dentro del texto legal.
El legislador también cuestionó que las modificaciones propuestas al Código Penal no hayan sido conocidas antes de su entrada en vigor, pese a que distintos sectores, incluyendo organizaciones periodísticas y profesionales, han expresado preocupaciones sobre su contenido. «La crítica debe molestar al poder; esa es la esencia de una democracia», expresó.
Finalmente, Mariotti sostuvo que no busca impedir la implementación del Código Penal, sino garantizar que entre en vigencia con las correcciones necesarias para evitar conflictos constitucionales y proteger tanto los derechos ciudadanos como el trabajo de la prensa.
Según explicó, un aplazamiento de seis meses permitiría realizar los ajustes pendientes sin comprometer la seguridad jurídica del país.
