Redacción. – Hace una semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la SB-10, una ley que ordena exhibir los Diez Mandamientos cristianos en cada aula pública del Estado. Esto significa que estarán repetidos más de 9.000 veces, frente a los 5,5 millones de estudiantes que entrarán a esas aulas en septiembre próximo.
Texas se une así a una creciente lista de Estados gobernados por republicanos que, junto a Donald Trump, están impulsando la educación religiosa en las escuelas públicas del país.
“Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí…”, así comienza el texto, que viene íntegro en el documento de la ley texana y debe ser reproducido en inglés, sin versiones, con un tamaño mínimo de 40 x 50 centímetros, más o menos lo que mide el respaldo de una silla escolar.
La norma, que entrará en vigor el 1 de septiembre, con el inicio del curso escolar, también permite que los estudiantes y profesores puedan dedicar un rato cada día a leer la Biblia o a rezar voluntariamente, siempre que los menores cuenten con el consentimiento de sus padres.
Abbott defendió la nueva legislación como una reivindicación de los pilares fundacionales de Estados Unidos, entre ellos “la fe y la libertad”. Mientras tanto, el vicegobernador Dan Patrick dijo al respecto: “Poner los Mandamientos en nuestras aulas asegura que nuestros estudiantes reciban la misma brújula moral fundacional que los antecesores de nuestro Estado y de nuestro país”.
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El Gobierno de Texas ha impulsado políticas de este tipo durante años. Desde 2021, las escuelas públicas tienen permiso para mostrar el lema nacional, In God We Trust (En Dios Confiamos). Y en 2024, el Consejo de Educación local autorizó que se impartieran clases relacionadas con la Biblia como parte del contenido de los grados de primaria. Este currículo es opcional, pero, según el texto, los estudiantes que lo adopten recibirán un incentivo de hasta 60 dólares.
Sin embargo, varias familias presentaron recientemente una demanda colectiva ante el Tribunal Federal de Dallas contra la SB-10. Se trata de un grupo compuesto por cristianos, judíos, musulmanes y miembros de la Nación del Islam. Argumentan que la nueva ley viola la Primera Enmienda de la Constitución, la cual prohíbe al Gobierno establecer una religión oficial o interferir en el libre ejercicio de las creencias individuales.
Los demandantes, además, consideran que estos carteles podrían presionar a los alumnos a adoptar una doctrina religiosa particular. Según medios locales, hasta el momento cuentan con el respaldo de organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la Freedom From Religion Foundation.
