Santo Domingo.-El académico, activista y ambientalista Luis Carvajal aseguró que la posible explotación minera en la zona de Romero, en San Juan de la Maguana, es apenas un elemento visible de un debate mucho más amplio sobre el modelo minero en la República Dominicana.
“Romero es el elemento incidental, mediático, de un debate que es mucho mayor”, expresó durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
Impacto en el uso del territori30
Carvajal advirtió que las concesiones mineras en la Cordillera Central ya están generando cambios en el uso del suelo y en el ordenamiento territorial, incluso en fases de exploración.
Explicó que, al ser declarados como terrenos mineros, estos espacios quedan sujetos a restricciones que limitan actividades como la agricultura, la ganadería y la construcción de viviendas.
“Hay miles de familias dentro de zonas concesionadas que ven restringidos sus derechos sobre la tierra y su uso”, indicó.
Riesgos para la propiedad y posibles expropiaciones
El ambientalista alertó que, de avanzar hacia la explotación, estos terrenos podrían ser declarados de utilidad pública y posteriormente expropiados.
“Esos terrenos pueden pasar a un régimen de propiedad privada en manos de empresas mineras, lo que erosiona profundamente la seguridad jurídica de las comunidades”, sostuvo.
Asimismo, señaló que la legislación minera otorga prioridad a esta actividad sobre otros usos del suelo, lo que, a su juicio, agrava el conflicto con las poblaciones locales.
Críticas a procesos legales y estudios
Carvajal insistió en que antes de cualquier estudio de impacto ambiental debe realizarse una evaluación ambiental estratégica que determine la viabilidad del cambio de uso del territorio.
“Entrar directamente a un estudio de impacto ambiental sin esa evaluación previa es violar la ley y cometer un error grave”, afirmó.
Cuestiona declaraciones de Hipólito Mejía
El activista también reaccionó a recientes declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, señalando que desconocen aspectos clave de la legislación minera y de ordenamiento territorial.
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“A mí me sorprende porque siempre ha sido defensor de los agricultores, pero aquí parece ignorar lo que establece la ley”, expresó.
Sin confianza en la empresa minera
Carvajal manifestó su desconfianza hacia la empresa vinculada al proyecto, GoldQuest, al considerar que la iniciativa no es de corto plazo como se plantea públicamente.
“No le creo a GoldQuest. Sus propios documentos hablan de un proyecto de largo alcance y mayor extensión territorial”, afirmó.
Propuesta de Joel Santos es contraria a la ley y evidencia científica
El ambientalista sostuvo que históricamente la minería no ha dejado beneficios significativos al país, citando casos como operaciones pasadas que, según dijo, han dejado pasivos ambientales y cargas económicas al Estado.
Asimismo cuestionó los planteamientos del ministro Joel Santos, al asegurar que promueven un enfoque que ignora los marcos legales y científicos vigentes en materia ambiental.
“Lo que se está planteando es desconocer la ley y la ciencia”, afirmó, al insistir en que cualquier proyecto minero debe partir de una evaluación ambiental estratégica previa y no limitarse a estudios de impacto ambiental que, según explicó, responden a intereses particulares de empresas.
Indicó que las comunidades rechazan estos proyectos no solo por la contaminación, sino también por el desplazamiento de poblaciones, el cambio de uso del suelo y la pérdida de acceso a recursos como el agua.
“La ley minera da prioridad al uso minero y la de ordenamiento territorial restringe actividades como la agricultura o la vivienda en esas áreas, lo que rompe el equilibrio del territorio”, advirtió. En ese sentido, señaló que incluso existe la posibilidad de expropiación, lo que, a su juicio, evidencia la magnitud del debate en torno al modelo de desarrollo y el manejo de los recursos naturales.
Llamado a un debate más amplio
Carvajal reiteró que el país debe discutir el modelo minero en su conjunto y no limitarse a un proyecto específico.
Anunció además que presentará un documento con las disposiciones legales que, a su juicio, se estarían vulnerando con la iniciativa en Romero.
“Lo que se está planteando es un cambio profundo del territorio que va más allá del debate ambiental; es un tema de derechos, propiedad y modelo de desarrollo”, concluyó.
