El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el Gobierno no impulsará una reforma fiscal ni la indexación salarial en 2026, al considerar que no existen condiciones políticas ni sociales para ello y advertir que aplicar medidas aisladas podría poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.
Asimismo, Díaz sostuvo que el debate sobre salarios, impuestos e ingresos del Estado es válido, pero debe realizarse de manera integral y responsable. “No podemos someter una medida aislada que ponga en riesgo la estabilidad fiscal del país”, expresó durante una entrevista en el programa El Despertador, al referirse a las propuestas de indexar los salarios a la inflación acumulada.
El ministro explicó que, si se aplicara de golpe la indexación salarial, el Estado dejaría de percibir entre 22 y 24 mil millones de pesos, lo que provocaría un aumento del déficit fiscal y obligaría a un mayor endeudamiento. Recordó que decisiones similares en el pasado estuvieron motivadas por la necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal y señaló que, aunque la discusión puede retomarse, debe hacerse sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
El funcionario defendió el manejo actual de las finanzas públicas y aseguró que el país mantiene un déficit fiscal controlado, que cerrará 2025 alrededor del 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y se proyecta en 3.2% para 2026, conforme al presupuesto aprobado. En ese sentido, aclaró que la reciente autorización del Congreso para la emisión de deuda no representa un endeudamiento extraordinario, sino el mecanismo necesario para financiar el déficit presupuestado.
“Mientras haya déficit, va a haber deuda. Si tú ingresas menos de lo que gastas, tienes que financiar esa diferencia”, explicó, al tiempo que afirmó que la deuda pública dominicana es sostenible y está siendo manejada de forma profesional. Indicó, además, que la deuda ha disminuido en relación con el tamaño de la economía y que la calificación de riesgo del país ha mejorado en los últimos años.
En cuanto al desempeño económico, el ministro reconoció que 2025 ha sido un año de desaceleración, con un crecimiento estimado entre 2.2% y 2.3%, inferior al promedio histórico del país. Sin embargo, aseguró que los datos de los últimos meses muestran señales de recuperación y que para 2026 se espera un crecimiento de entre 4.5% y 5%, proyección que, según dijo, ha sido respaldada por organismos internacionales.
Atribuyó esta recuperación a la combinación de políticas monetarias y fiscales, destacando que el Banco Central ha reducido las tasas de interés y ha inyectado liquidez a la economía, mientras que el Gobierno ha incrementado de manera significativa la inversión pública. Indicó que el gasto de capital alcanzará cerca de 200 mil millones de pesos, tras duplicarse su ejecución en los últimos meses del año.
Asimismo, subrayó que, pese a la volatilidad registrada en el tipo de cambio durante 2025, no existe riesgo de una crisis macroeconómica, al destacar que el Banco Central cuenta con más de 14 mil millones de dólares en reservas internacionales, lo que garantiza la estabilidad financiera del país. Añadió que la inflación se mantiene dentro del rango meta y que el sistema financiero presenta adecuados niveles de liquidez y solvencia.
También resaltó el impacto de las remesas, que este año alcanzarán cerca de 12 mil millones de dólares, convirtiéndose en uno de los principales pilares de la economía dominicana. Señaló que estos recursos llegan directamente a los hogares, sostienen el consumo y contribuyen a mejorar el bienestar de miles de familias en todo el territorio nacional.
En el ámbito social, afirmó que la pobreza ha continuado disminuyendo, situándose alrededor del 16%, mientras que la pobreza extrema ronda el 3%, uno de los niveles más bajos registrados en el país. Indicó que estos avances se han logrado incluso en un contexto de menor crecimiento económico, lo que atribuyó a la estabilidad macroeconómica y a los programas de apoyo social.
Finalmente, el ministro insistió en que la principal prioridad del Gobierno es preservar la estabilidad económica, política y social, en un entorno regional marcado por crisis e incertidumbre. “Este es prácticamente el único país de América Latina que mantiene estabilidad económica, política y social. No podemos darnos el lujo de perder eso”, concluyó.
