La Justicia de Argentina dio un paso inédito en la lucha contra la piratería audiovisual al ordenar a Google la desinstalación o inhabilitación de la aplicación Magis TV en dispositivos Android que operen con direcciones IP argentinas. La medida marca un precedente sin antecedentes en el país y apunta directamente a la infraestructura tecnológica que sostiene este tipo de plataformas ilegales.
El fallo fue dictado en septiembre de 2024 por el juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Isidro, y se enmarca en una investigación penal por violación a los derechos de autor. A diferencia de resoluciones anteriores, que se limitaban al bloqueo de sitios web o dominios, esta decisión avanza sobre los propios dispositivos de los usuarios.
El origen de la causa
La investigación contra Magis TV se inició en el contexto de la Operación 404, una acción internacional coordinada por el Ministerio de Justicia de Brasil, con el respaldo de la Alianza contra la Piratería Audiovisual y LALIGA de España. El objetivo fue desarticular redes que distribuían contenidos audiovisuales sin autorización y obtenían beneficios económicos mediante suscripciones ilegales y la venta de dispositivos con aplicaciones preinstaladas.
Durante los operativos se bloquearon 675 sitios web, se inhabilitaron 14 aplicaciones y se intervinieron otras plataformas similares, como Mospy TV y Federico TV.
En Argentina, la causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), encabezada por el fiscal Alejandro Musso. A través de ciberpatrullajes y análisis digitales, los investigadores detectaron la comercialización de TV Boxes con Magis TV instalada de fábrica.
Los allanamientos realizados en Buenos Aires y Misiones permitieron el secuestro de cientos de dispositivos, equipos informáticos preparados para retransmisión ilegal y documentación bancaria vinculada al cobro de suscripciones.
Acusaciones y posibles penas
Los principales imputados, Leopoldo Peña, Kevin Bentancur y Hugo Mospan, enfrentan cargos por violar la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión, agravadas por la presunta existencia de una red organizada dedicada a la distribución ilegal de contenidos.
Según la fiscalía, las pruebas recolectadas evidencian un sistema estructurado que ofrecía acceso ilícito a señales de televisión paga y eventos deportivos de alto valor comercial.
Una orden judicial sin precedentes
El aspecto más relevante del fallo fue la orden directa a Google para que actúe sobre el software instalado en dispositivos Android dentro del territorio argentino. La decisión se justificó en la necesidad de proteger los derechos de autor y reforzar la seguridad digital, sin apuntar a sancionar a los usuarios finales.
Especialistas en derecho digital coinciden en que esta resolución establece un nuevo estándar de cooperación entre la Justicia y las grandes empresas tecnológicas en causas vinculadas a delitos informáticos.
“La Justicia ya no se limita a bajar sitios web, sino que avanza sobre la infraestructura tecnológica que sostiene el negocio ilegal”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.
El proceso penal continúa en curso y no se descarta que el expediente sea elevado a juicio oral en 2026. Mientras tanto, el caso Magis TV se consolida como uno de los antecedentes más relevantes en la región en materia de persecución de la piratería digital y control de aplicaciones ilegales.
