Santo Domingo. El jurista y exjuez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Marino Mendoza, expresó su preocupación por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y aseguró que algunas de sus disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
En ese contexto, anunció que a partir de agosto cerrará varias de sus redes sociales por temor a las consecuencias legales que, según considera, podría generar la nueva normativa.
“A partir del 6 de agosto voy a cerrar varias de mis redes sociales porque considero que este código representa una amenaza para los ciudadanos y para quienes ejercen el derecho a expresarse libremente”, afirmó Mendoza durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.
“Es una ley mordaza con una ruta peligrosa”
El dirigente político calificó el nuevo Código Penal como una “ley mordaza” y advirtió que podría convertirse en una herramienta para limitar la libre manifestación de ideas y opiniones.
“El código que se incorpora es una espada de Damocles contra todos los ciudadanos. Cuando usted diga algo o publique una información, alguien podría accionar en su contra y usted terminar enfrentando acusaciones. Es una ley mordaza que tiene una ruta peligrosa”, sostuvo.
Mendoza explicó que, aunque planea cerrar plataformas como Facebook e Instagram, mantendría activa su cuenta en la red social X (antes Twitter), debido al control directo que entiende tener sobre el contenido que publica.
Afirma que el país vive una “perturbación social”
El dirigente perredeísta también sostuvo que la República Dominicana atraviesa un período de “perturbación social” y denunció una creciente sensibilidad entre funcionarios y sectores vinculados al Gobierno frente a las críticas públicas.
Según relató, recientemente publicó en sus redes sociales una comparación entre declaraciones emitidas por el presidente Luis Abinader en distintos momentos, lo que generó reacciones negativas de algunos allegados.
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“Decir verdades nunca ha sido pecado. Si una persona se molesta porque uno señala una realidad, eso no significa que uno esté actuando con imprudencia. Hay una hipersensibilidad en algunos sectores del Gobierno frente a la crítica”, manifestó.
Propone acudir al Tribunal Constitucional
Mendoza consideró que diversos artículos del nuevo Código Penal podrían ser impugnados por supuestas violaciones a derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
“Creo que hay que iniciar acciones y demandar la inconstitucionalidad de varios aspectos del Código Penal. Hay disposiciones que restringen derechos fundamentales y que deben ser revisadas por el Tribunal Constitucional”, expresó.
El dirigente afirmó que la normativa fue aprobada sin el nivel de discusión pública que requería una legislación de tal trascendencia y cuestionó la falta de reacción de amplios sectores de la sociedad.
Llama a revisar la normativa
Finalmente, Mendoza exhortó a juristas, organizaciones sociales y actores políticos a analizar detenidamente el contenido del nuevo Código Penal antes de su aplicación definitiva.
“Hay aspectos del Código que deben ser llevados ante el Tribunal Constitucional porque fueron aprobados sin el debate público suficiente. La sociedad tiene que conocer sus implicaciones y defender los derechos fundamentales”, concluyó.







