Santo Domingo. – La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) inició el año escolar 2025-2026 en diversos centros de corrección y rehabilitación del país, con una matrícula de 6,654 estudiantes privados de libertad que acceden a programas de educación de los ciclos de básica y secundaria.
La ceremonia fue realizada en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís y retransmitida de manera simultánea, donde quedó oficialmente inaugurado el año escolar en los demás recintos.
El subdirector de Asistencia y Tratamiento de la DGSPC, Bernardo Henríquez Maldonado, encabezó el acto y destacó que la educación constituye una parte esencial del proceso de rehabilitación, ya que fortalece las oportunidades de reinserción social y contribuye a la reducción de la reincidencia.
La actividad inaugural contó con la presencia de autoridades locales y representantes de diversas instituciones de San Pedro de Macorís, entre ellos: Yobanny Agustina Baltazar Núñez, gobernadora de la provincia; el coronel Juan Herrera Vásquez, del Ejército de República Dominicana (ERD); y el capitán Eduardo Mercedes, de la Policía Nacional.
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Asimismo, asistieron la encargada nacional de Educación, María Teresa De León Nivar; José Ignacio Narciso Adames, director del centro de San Pedro de Macorís; René Ogando Doler, supervisor regional, así como funcionarios de la alcaldía local, directivos de la DGSPC y responsables de la coordinación educativa en los establecimientos.
Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con 24,881 Personas Privadas de Libertad (PPL), de las cuales un 26.74% participa en programas formales de Educación Básica y Secundaria de Adultos del Ministerio de Educación (Minerd). El resto se involucra en procesos formativos complementarios, como talleres del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y programas universitarios.
Con la puesta en marcha del inicio del año escolar en los centros penitenciarios la DGSPC promueve programas de tratamiento y rehabilitación social, y cumple con la Ley 113-21 que, en su capítulo 1, sobre los derechos de las personas privadas de libertad, dispone que estas tienen derecho a “participar en actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas encaminadas a su desarrollo integral”.
