Santo Domingo.– El abogado Miguel Valerio afirmó que el presidente Luis Abinader “claudicó” ante el comunicador Santiago Matías durante el debate generado por las modificaciones al nuevo Código Penal, al considerar que el mandatario reaccionó a una presión pública en lugar de canalizar la discusión por las vías institucionales correspondientes.
Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Valerio calificó como una “irresponsabilidad colectiva” que, a casi un año de promulgado el Código Penal, todavía el país no tenga claridad sobre el contenido definitivo de una de las legislaciones más importantes del sistema jurídico dominicano.
El jurista sostuvo que el debate debió producirse en el Congreso Nacional mediante vistas públicas durante el período de vacatio legis, y no a última hora, en medio de presiones de sectores sociales, comunicadores y plataformas digitales.
Valerio cuestionó que el presidente se reuniera durante varias semanas alrededor de un tema que, a su juicio, debía ser discutido principalmente en el Congreso. Indicó que la conversación pública terminó concentrada en la libertad de expresión, cuando las observaciones al Código Penal abarcan aspectos mucho más amplios.
“El presidente, desde mi óptica, claudicó a un ultimátum de 48 horas que le dio para que cambiara eso”, expresó Valerio, al referirse a la reunión con Santiago Matías y al posterior envío de modificaciones al Congreso.
El abogado señaló que el texto remitido por el Ministerio de Justicia fue “mal redactado” y advirtió que algunos de sus planteamientos podrían generar confusión al momento de su aplicación.
A su entender, el problema no se limita a proteger la libertad de expresión, sino a establecer un equilibrio entre ese derecho, la responsabilidad al informar y la protección del honor de las personas.
Valerio explicó que en los últimos años han aumentado los contenidos difundidos por plataformas digitales, incluyendo canales locales de YouTube con fuerte influencia en provincias y comunidades específicas, lo que obliga a discutir con mayor seriedad los límites entre opinión, información y difamación.
“El Código Penal habla de cárcel, de privaciones de libertades reales”, sostuvo, al recordar que esa legislación tiene una relevancia comparable con la Constitución por su impacto directo sobre los derechos de los ciudadanos.
“La criminalidad va más rápido que la ley”
Valerio afirmó que la modificación del Código Penal no debe verse como un proceso cerrado, sino como una tarea permanente, debido a que la criminalidad evoluciona con mayor rapidez que la legislación penal.
Explicó que los delincuentes calculan los riesgos antes de cometer un hecho, tomando en cuenta la posibilidad de ser sancionados y el beneficio que podrían obtener.
“La legislación penal se actualiza porque la criminalidad va mucho más rápido que la sociedad”, manifestó el jurista.
En ese sentido, citó como ejemplo la necesidad de regular con mayor precisión delitos vinculados a documentos digitales, estafas piramidales, activos digitales y nuevas formas de criminalidad que no están suficientemente contempladas en la normativa vigente.
No ve necesario extender el plazo del Código Penal
El abogado dijo que no considera indispensable extender por 120 días la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, aunque reconoció que algunas modificaciones pueden seguir discutiéndose y aprobarse posteriormente.
A su juicio, existen disposiciones que deben entrar en vigencia de inmediato, especialmente aquellas relacionadas con derechos fundamentales, garantías procesales y nuevos tipos penales necesarios para enfrentar delitos actuales.
Valerio sostuvo que el Código Penal puede comenzar a aplicarse y, si es necesario, ser modificado semanas después, ya que el Congreso mantiene la facultad de reformar cualquier ley.
“Creo que es necesario que entre en vigencia, porque nadie se ha atrevido a decir que no se necesita el Código Penal”, afirmó.
Advierte ambigüedades en varios artículos
Valerio reconoció que el Código Penal contiene ambigüedades y artículos que deben ser revisados, especialmente en la parte especial de la normativa, donde entiende que se adoptaron modelos de redacción inspirados en el derecho penal francés.
Explicó que algunas disposiciones presentan conductas demasiado abiertas, lo que podría generar dificultades de interpretación al momento de ser aplicadas por los tribunales.
Como ejemplo, mencionó el artículo sobre ultraje a funcionario público, que, según dijo, podía prestarse a sancionar gestos o expresiones sin delimitar claramente si se trataba de una conducta pública o privada.
No obstante, el jurista precisó que las ambigüedades no significan que el Código Penal completo deba ser paralizado, sino que sus aspectos cuestionados deben ser corregidos con rigor técnico.
