Redacción. – Milagros Marina De Camps Germán, abogada y exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, presentó una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez, conocido como “Detective Ángel”, así como contra otros usuarios de redes sociales.
La acción legal, iniciada el 24 de enero de 2025, forma parte de una estrategia jurídica más amplia frente a lo que la demandante califica como una campaña difamatoria sistemática. La querella fue suscrita por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix Santana Reyes.
Según el documento, los acusados incurrieron en los delitos de difamación e injuria agravada, contemplados en los artículos 367 y siguientes del Código Penal, la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Difusión masiva y contenido ofensivo
La demanda denuncia una serie de publicaciones y videos que circularon por diversas plataformas digitales, con expresiones denigrantes, imágenes alteradas y afirmaciones falsas que, según la querellante, atentaron contra su honra y reputación.
Los abogados sostienen que el objetivo de estos contenidos fue desacreditarla mediante una narrativa maliciosa y viral, ajena a los principios del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En consecuencia, se reclama una indemnización de RD$10,000,000.00, que sería destinada al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Libertad de expresión y responsabilidad
En su exposición, los representantes legales subrayan que las redes sociales no pueden operar al margen del ordenamiento jurídico. Respaldándose en precedentes del Tribunal Constitucional dominicano y casos internacionales, argumentan que las declaraciones emitidas no están protegidas por el derecho a la libre expresión debido a su carácter ofensivo, falso y ultrajante.
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“Este no es un caso aislado ni una disputa meramente personal. Es un ejemplo claro del uso distorsionado de la libertad de expresión como instrumento de odio, manipulación y descrédito”, afirman.
Un debate que trasciende el caso
La controversia ha reavivado el debate sobre los límites entre el derecho a expresarse y la obligación de respetar la dignidad de los demás, especialmente en un entorno digital donde los mensajes se multiplican en segundos.
“Las redes sociales no deben convertirse en refugios para la impunidad. Este proceso judicial busca sentar un precedente ético y legal que fortalezca el respeto mutuo en la esfera pública”, concluyen los abogados.
El caso será conocido por los tribunales del Distrito Nacional, y se espera que el Ministerio Público inicie próximamente las diligencias correspondientes, incluida la posibilidad de imponer medidas de coerción contra los acusados.
