Santiago, RD. – El Ministerio Público anunció este miércoles su decisión de apelar las medidas de coerción impuestas por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, relacionadas con el caso de la muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una niña de 11 años que falleció durante una excursión escolar en la Hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago.
En una audiencia celebrada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la jueza determinó que las cuatro imputadas por homicidio involuntario y maltrato infantil recibirían medidas de coerción menos estrictas a las solicitadas por la Fiscalía.
El Ministerio Público había pedido que se impusieran garantías económicas por 50 millones de pesos a cada una de las acusadas, así como impedimento de salida del país y localizadores electrónicos. Sin embargo, el tribunal solo accedió a imponer una garantía económica de 500,000 pesos a tres de las procesadas, mientras que la cuarta, Gisela González Estrella, fue liberada sin medidas de coerción.
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La Procuradora de Corte, Olga Diná Llaverías, expresó su desacuerdo con la decisión judicial y confirmó que se presentará un recurso de apelación. “No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente”, comentó tras su salida de la sala de audiencias.
Las acusadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Instituto Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario; y Gisela González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo. La muerte de Stephora ocurrió el pasado 14 de noviembre, cuando la niña se ahogó en una piscina de la hacienda, durante una excursión con otros 87 niños del mismo centro educativo. Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que las cuidadoras presentes no estaban adecuadamente preparadas para el manejo del grupo, ya que solo tres cuidaban a 87 niños, y no se tomaron las medidas de seguridad necesarias, como la utilización de chalecos salvavidas o la revisión de los conocimientos de natación de los niños.
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La Fiscalía sostiene que las acusadas actuaron con negligencia y que su conducta fue la causa directa del trágico fallecimiento de Stephora. Además, el caso ha puesto de relieve las irregularidades en la organización de la excursión y la falta de responsabilidad por parte de las autoridades del centro educativo.
El Ministerio Público calificó el incidente como un homicidio involuntario, en violación a los artículos 319 y 351-2 del Código Penal dominicano, y también como un caso de maltrato infantil, conforme a la Ley 136-03 para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. El próximo paso será la apelación de las medidas de coerción, buscando que se tomen acciones más severas en este caso de gran repercusión social.
El caso ha generado un amplio debate sobre la seguridad de los menores en excursiones escolares y las responsabilidades de los centros educativos y sus autoridades en la protección de los estudiantes. La comunidad espera que se haga justicia y que las medidas legales sean proporcionales a la gravedad de los hechos ocurridos.
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