Santiago, RD. — El Ministerio Público de la República Dominicana inició la lectura formal de la acusación contra 70 personas físicas y varias entidades societarias señaladas de integrar una estructura de crimen organizado desmantelada mediante la Operación Falcón.
El expediente acusa a los implicados de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, usurpación de identidad y patrocinio del narcotráfico, entre otros delitos, sustentados en más de 3,000 elementos probatorios, incluyendo pruebas documentales, periciales y testimoniales.
Según la acusación, la red criminal operaba bajo la fachada de actividades comerciales legales, a través de las cuales movilizó miles de millones de pesos. Con esos recursos, los imputados adquirieron bienes como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles, logrando además influencia social y política en regiones como el este del país, Santo Domingo y Santiago.
El Ministerio Público identificó como principales cabecillas a Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, quienes enfrentan procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos.
La audiencia se desarrolla ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, quienes dispusieron la suspensión del proceso hasta el próximo 16 de abril.
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El órgano acusador estuvo representado por los fiscales Eduardo Velásquez, Yeni Berenice Reynoso Liranzo, Aida Medrano, Reyna Jiménez y Elvin Ventura.
Además de los imputados individuales, el caso incluye decenas de empresas presuntamente utilizadas para el lavado de activos, entre ellas estaciones de combustibles, constructoras, bares, restaurantes y compañías de transporte, que formaban parte del entramado financiero de la organización.
La acusación, que abarca unas 4,000 páginas de teoría fáctica, marca un nuevo avance en uno de los procesos judiciales más complejos contra el crimen organizado en República Dominicana.
