Santo Domingo. – Tras concluir las réplicas en el proceso por corrupción administrativa, el Ministerio Público solicitó al tribunal que los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros imputados, sean enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones provenientes de los contribuyentes.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, enfatizó que las pruebas presentadas son claras y contundentes. “No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que han planteado las defensas. Los tribunales no fallan en base a opiniones, sino a hechos y pruebas verificables”, señaló.
Camacho detalló que el caso incluye evidencia de reuniones celebradas en Palacio en 2019, la creación de un lugar para la recepción de fondos conocido como La Casita en Bella Vista, y un sistema de sobornos relacionado con los juegos de azar, denominado El Programa o El Proyecto. Entre los pagos cuestionados, Bolívar Ventura, testigo clave del proceso, reconoció haber entregado más de RD$1,200 millones, reforzando las pruebas del Ministerio Público.
La audiencia preliminar, que por motivos de espacio se desarrolla en la Sala del Primer Tribunal Colegiado, es presidida por la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. En ella participan la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), y un equipo de fiscales integrado por Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.
Los imputados, detenidos durante la Operación Calamar, son señalados de formar parte de una estructura que desviaba fondos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos que, además, habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Además de los exministros mencionados, también enfrentan acusaciones Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; y los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
El Ministerio Público solicitó que se mantenga la calificación jurídica de los hechos y que se rechacen todos los incidentes presentados por las defensas, pidiendo al tribunal enviar a juicio a todos los imputados. Según Camacho, “los tribunales no fallan por opiniones, sino por hechos que son objetivos y verificables, como los que hemos presentado en este caso”.
