Santo Domingo.- El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió este martes la Orden Departamental 055-2025, mediante la cual se refuerza el proceso de control y revisión de los contratos de mantenimiento correctivo, con el objetivo de garantizar que cada peso invertido en las escuelas se utilice de forma eficiente, transparente y verificable.
Desde marzo de 2025, el Ministerio de Educación desarrolla una revisión integral de todos los contratos de mantenimiento correctivo tanto los heredados de la pasada gestión como los iniciados en la actual administración con el acompañamiento técnico de la Contraloría General de la República.
Este proceso ha permitido implementar nuevos mecanismos de control que aseguran que los pagos solo se realicen tras la verificación física y documental de los trabajos ejecutados.
La nueva orden consolida y fortalece esta estrategia mediante tres medidas principales:
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Transferencias condicionadas: Ninguna junta descentralizada podrá recibir fondos sin una auditoría que certifique la conclusión satisfactoria de las obras, avalada por la Contraloría.
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Investigación y recuperación: Se ordena la elaboración de un informe técnico sobre los casos de obras pagadas y no ejecutadas, que será remitido al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público y, de ser necesario, al Ministerio Público.
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Supervisión reforzada: La Dirección de Infraestructura Escolar intensificará el seguimiento de los proyectos en curso, asegurando que cada transferencia de fondos pase por un proceso documentado y controlado.
Asimismo, se reitera la obligación de las juntas descentralizadas de cumplir con el Reglamento para el Manejo de Fondos, que exige la aprobación de planes operativos, presupuestos, rendición de informes mensuales, actualización de inventarios y aplicación de las deducciones fiscales correspondientes.
El Ministerio recordó que estas juntas están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones, y que cualquier incumplimiento será sancionado. Además, el Consejo Nacional de Educación podrá anular las decisiones que resulten contrarias a la Constitución o a la Ley General de Educación.
Con estas medidas, la gestión del ministro De Camps reafirma su compromiso de que cada recurso destinado al mantenimiento escolar se traduzca en obras verificadas y en mejores condiciones para los estudiantes y las comunidades educativas.
