MP pide arresto domiciliario para Dilcia Vargas acusada de corrupción en centro oncológico

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SANTIAGO.– El Ministerio Público varió la noche del jueves su solicitud de medida de coerción contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del Patronato de Lucha Contra el Cáncer y exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta, en el marco de la Operación Onco-14.

Inicialmente, el órgano persecutor había solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Vargas Sánchez, pero durante la audiencia modificó sus conclusiones y pidió que se le imponga arresto domiciliario. Los implicados están acusados de integrar una red que desfalcó más de RD $148 millones y afectó fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por aproximadamente RD $3,700 millones.

La información fue ofrecida por los abogados Ricardo Reyna y Antonio Falete, representantes legales de la imputada, al término de la audiencia de medida de coerción celebrada en Santiago.

Puedes leer: Piden 18 meses de coerción contra imputados por presunto fraude en Oncológico del Cibao

De acuerdo con la defensa, el cambio de posición del Ministerio Público se produjo durante la fase de réplica y contrarréplica, luego de valorar la actitud de colaboración que, según afirmaron, ha mantenido su representada desde el inicio del proceso.

“El Ministerio Público cambió su petición de prisión preventiva por arresto domiciliario, lo que representa una variación relevante dentro del proceso”, expresó la defensa, al señalar que ahora corresponde al tribunal decidir si acoge o no la nueva solicitud.

Los juristas indicaron que Vargas Sánchez está dispuesta a seguir cooperando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados y ayudar a establecer las responsabilidades dentro del expediente.

La jueza encargada del conocimiento de la medida de coerción tiene previsto emitir su decisión el próximo lunes 29 de junio, a las 7:30 de la noche, tras concluir la deliberación del caso.

La Operación Onco-14 investiga un presunto desfalco de recursos destinados al tratamiento de pacientes del Instituto Oncológico Regional del Cibao, caso en el que el Ministerio Público señala maniobras irregulares dentro del patronato y entidades vinculadas.

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