El 13 de mayo de 2022, Elon Musk publicó que su compra de Twitter estaba “temporalmente en pausa” por dudas sobre bots. Cuatro días después agregó, sin evidencia, que las cuentas falsas podrían superar el 20%. Las acciones cayeron casi un 10% en una sola sesión. Miles de inversores vendieron. Perdieron dinero.
El viernes 20 de marzo de 2026, un jurado de nueve personas en San Francisco falló, tras cuatro días de deliberación, que esos tweets fueron materialmente falsos o engañosos. La causa se llama Pampena v. Musk y fue presentada como demanda colectiva en octubre de 2022, semanas antes de que Musk cerrara la compra.
Los daños estimados oscilan entre 2.100 millones en acciones y 500 millones en opciones. Los abogados de los demandantes lo describieron como el mayor veredicto de jurado por fraude de valores en la historia de Estados Unidos.
Musk argumentó que su preocupación por los bots era genuina. Que Twitter le ocultó cómo calculaba el porcentaje de cuentas falsas. Que la empresa presentaba cifras que no resistían análisis independiente. Que quien mantuvo las acciones hasta el cierre de la operación en octubre de 2022 recibió exactamente el precio acordado y salió ganando.
Sus abogados insistieron en que los tweets no fueron un esquema, sino la opinión pública de un comprador con dudas legítimas. El jurado escuchó todo eso y de todos modos lo encontró responsable.
El fallo tiene un matiz importante: el jurado no encontró que Musk hubiera operado un esquema premeditado de fraude. Encontró algo más acotado, pero igualmente poderoso como precedente: que sus declaraciones públicas causaron pérdidas reales a inversores reales, y que eso tiene consecuencias legales aunque uno sea el hombre más rico del planeta.
Monte Mann, abogado litigante que siguió el caso, lo resumió con precisión: “Si podés mover el mercado con tus palabras, sos responsable del daño que causás.” Ese principio existía antes de Musk. Lo que cambió es que nunca había sido tan fácil demostrar la cadena causal entre una declaración y una caída de precio.
Detrás de cada acción de Twitter que alguien vendió a 33 dólares, mientras el deal estaba en un limbo, había jubilados, fondos de pensiones, ahorristas comunes que tomaron una decisión razonable basada en lo que el dueño de la operación había escrito en público. Eso es lo que el jurado reconoció.
Sus abogados anunciaron apelación de inmediato y citaron victorias recientes en tribunales de Texas y Delaware como señal de que el fallo no es definitivo. Para alguien con un patrimonio estimado en 800.000 millones de dólares, 2.600 millones son manejables. Pero el precedente no lo es.
A partir de este fallo, cualquier ejecutivo con audiencia masiva y capacidad de mover mercados sabe que hablar en público sobre una operación financiera en curso no es gratis. Lo que uno publica mientras negocia puede terminar en un tribunal.
Musk compró Twitter, en parte, para defender la libertad de expresión. La libertad de expresión en el mercado de valores nunca fue absoluta. Un jurado en San Francisco acaba de recordárselo.
