San José – Costa Rica, históricamente uno de los países más estables y seguros de Latinoamérica, enfrenta un aumento sostenido de la violencia ligada al narcotráfico, que ha convertido a la inseguridad en el principal problema de la población. Esta situación ha generado un debate entre los candidatos presidenciales sobre la posible implementación de un estado de excepción en zonas conflictivas.
El país se ha consolidado como ruta de paso, almacenamiento y reenvío de drogas hacia Europa y Estados Unidos, provocando un incremento de enfrentamientos entre bandas y de homicidios. Encuestas de la Universidad de Costa Rica indican que desde abril de 2023 alrededor del 45 % de la población considera la inseguridad como su principal preocupación.
El presidente Rodrigo Chaves ha señalado que su Gobierno refuerza la seguridad con escáneres en puertos, operativos policiales y cooperación internacional, al tiempo que critica la legislación y el trabajo del Poder Judicial, que considera insuficientes. La candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, defendió la necesidad de un estado de excepción en zonas conflictivas y anunció la continuación de la construcción de una “megacárcel” para 5.000 internos, inspirada en el modelo de El Salvador.
Otros candidatos, como Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional) y Ariel Robles (Frente Amplio), se oponen a limitar garantías individuales y proponen fortalecer la prevención, la educación, los espacios públicos y la presencia policial en comunidades.
En la última década, los homicidios han alcanzado cifras récord. En 2025 se registraron 873 asesinatos, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; en 2024 fueron 876 y en 2023, 905, la mayor cifra histórica. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atribuye el 70 % de estos crímenes a disputas entre bandas narcotraficantes.
El narcotráfico también se ha infiltrado en la economía local, invirtiendo en pequeños comercios en los territorios que controla, según el informe del Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. En 2025, la Policía desarticuló el primer cartel costarricense, denominado Cartel del Caribe Sur, responsable de mover toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) emitió sanciones y solicita la extradición de varios implicados, incluidos el exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, su supuesto socio Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y líderes del cartel como Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”. En mayo de 2025, el Congreso aprobó una reforma constitucional que permite la extradición de nacionales únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.
