SANTO DOMINGO.- La dirigente de la Fuerza del Pueblo y especialista en seguridad social, Nelsida Marmolejos, afirmó que la reforma integral de la Ley 87-01 ha sido pospuesta durante años, pese a que la propia normativa establecía que debía ser revisada una década después de su entrada en vigencia para adaptarla a las nuevas realidades sociales, económicas y laborales del país.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Marmolejos señaló que la falta de actualización del sistema ha impedido corregir diversas distorsiones que afectan a trabajadores, pensionados y afiliados, aunque advirtió que cualquier modificación debe realizarse con responsabilidad para evitar la pérdida de derechos adquiridos.
Recordó que la legislación contemplaba una evaluación periódica de sus avances y limitaciones, pero aseguró que, más de veinte años después de su aprobación, aún no se ha producido una reforma integral que permita adecuar el sistema a las necesidades actuales de la población dominicana.
La exdirectora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) sostuvo que uno de los principales desafíos es garantizar que las modificaciones respondan al interés de los afiliados y no generen retrocesos en aspectos fundamentales de la seguridad social.
En ese sentido, expresó preocupación por algunas propuestas que se han debatido en el Congreso Nacional, entre ellas las relacionadas con la cobertura médica de los pensionados y la incorporación de temas laborales, como la cesantía, al sistema de seguridad social.
Marmolejos aseguró que la ley vigente ya reconoce el derecho de los pensionados a recibir cobertura de salud, por lo que consideró innecesario modificar ese aspecto de la normativa y atribuyó el problema a la falta de aplicación efectiva de las disposiciones existentes por parte de los organismos responsables.
Asimismo, cuestionó la propuesta de sustituir la cesantía por un seguro de desempleo, argumentando que las condiciones del mercado laboral dominicano, caracterizado por altos niveles de informalidad, dificultan la sostenibilidad de ese modelo en el largo plazo.
La dirigente también se refirió a las modificaciones planteadas en el Código de Trabajo, señalando que algunos de los cambios consensuados podrían afectar beneficios relacionados con jornadas laborales, horas extras, vacaciones y otros derechos conquistados por los trabajadores durante décadas.
Respecto al sistema de pensiones, consideró que este es uno de los puntos que requiere mayor atención dentro de la reforma, debido a que el modelo de capitalización individual no garantiza ingresos suficientes para muchos trabajadores al momento de retirarse.
Finalmente, Marmolejos llamó a las autoridades, legisladores y sectores involucrados a acelerar la discusión de las reformas pendientes, pero con un enfoque que fortalezca la protección social y preserve los derechos de trabajadores y pensionados. A su juicio, el país no puede seguir postergando cambios que la propia ley ordenó realizar hace más de una década.
