SANTO DOMINGO. El exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque afirmó que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la reducción de la pobreza y la cantidad de hogares que continúan recibiendo ayudas alimentarias del Estado.
En un artículo titulado “El chiste se cuenta solo”, el dirigente político y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo sostuvo que las propias estadísticas oficiales muestran una diferencia entre los indicadores de disminución de la pobreza y el alcance de los programas de asistencia social.
Alburquerque señaló que, mientras el Gobierno afirma que más de un millón de dominicanos han salido de la pobreza y que el país redujo los niveles de subalimentación por debajo del 2.5 %, cerca de 1.5 millones de hogares reciben mensualmente la transferencia del programa Aliméntate.
Explicó que, tomando como referencia unos 3.9 millones de hogares en República Dominicana, esa cifra representa aproximadamente el 38.5 % de los hogares, es decir, cerca de cuatro de cada diez familias.
“Si la pobreza disminuyó y la subalimentación afecta a una fracción reducida de la población, ¿por qué una proporción tan elevada de hogares continúa necesitando apoyo para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, el gas para cocinar o el pago de la electricidad?”, cuestionó.
El exfuncionario también indicó que alrededor de 1.3 millones de hogares reciben el Bono Gas y más de medio millón cuentan con el Bono Luz, además de la distribución de raciones alimentarias durante temporadas específicas.
Pide transparencia en padrones de beneficiarios
Alburquerque planteó que las diferencias entre las cifras oficiales de pobreza y el número de beneficiarios de programas sociales requieren una explicación por parte de las autoridades.
Según expuso, podrían existir varias razones para esta situación: que familias que superaron la línea oficial de pobreza aún no tengan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades; que los padrones de beneficiarios no estén actualizados; o que los programas sociales puedan estar siendo utilizados bajo criterios distintos a la vulnerabilidad económica.
El exvicepresidente consideró necesario que el Gobierno publique información detallada sobre la composición de los padrones, la situación socioeconómica de los beneficiarios y la cantidad de familias que logran abandonar los programas de asistencia tras mejorar sus condiciones económicas.
A su juicio, una política social efectiva debe medirse por la capacidad de lograr que las familias alcancen autonomía económica y reduzcan su dependencia de las transferencias estatales.
