SANTO DOMINGO, RD.- El debate sobre las candidaturas independientes en República Dominicana volvió a encenderse luego de que en el Congreso Nacional se impulsara un proyecto que busca eliminarlas, pese a la sentencia 0788-24 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que ordena adecuar la ley electoral para permitirlas.
Durante un panel en el programa En Contexto, los analistas Fabrizzio Collado, Humberto Saera y Wilson Collado discutieron las implicaciones legales y políticas de la iniciativa, señalando que podría provocar un conflicto institucional.
Collado inició el debate cuestionando cómo el Congreso podría dejar fuera las candidaturas independientes cuando existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena su inclusión en la legislación electoral.
“Una sentencia del Tribunal Constitucional es vinculante y no puede ser recurrida. Es prácticamente parte de la Constitución. El Congreso no está para enmendar una decisión del TC”, afirmó.
Por su parte, Saera coincidió en que las decisiones del Tribunal Constitucional deben cumplirse obligatoriamente y señaló que el problema radica en que el sistema político dominicano está estructurado sobre partidos tradicionales.
“El acceso al poder en República Dominicana siempre ha sido a través de los partidos políticos, pero las candidaturas independientes rompen con ese esquema”, explicó, al advertir que existe un choque entre los poderes del Estado.
Collado retomó la palabra para subrayar que una candidatura independiente pierde sentido si debe depender de un partido político.
“Si es por un partido político, deja de ser independiente. La pregunta es: ¿por qué hay temor a que fluyan estas candidaturas?”, cuestionó.
El analista recordó que muchos ciudadanos no se identifican con los partidos tradicionales y que las candidaturas independientes podrían representar a sectores que actualmente no se sienten representados.
Wilson, por su parte, advirtió que si el Congreso aprueba una ley que excluya estas candidaturas, el Tribunal Constitucional podría declararla inconstitucional.
“Sería una pérdida de tiempo y podría generar inestabilidad en el sistema electoral, porque el proceso electoral se prepara con años de anticipación”, señaló.
Durante el debate también se abordó la creciente desafección política en el país.
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Saera atribuyó este fenómeno a la práctica de los partidos de priorizar candidatos con recursos económicos en lugar de perfiles con méritos o liderazgo social. Según explicó, esta situación ha debilitado la credibilidad en la política y alimentado la llamada “antipolítica”.
Los panelistas también cuestionaron el papel de los organismos electorales frente al financiamiento ilícito de campañas y señalaron que la Junta Central Electoral (JCE) debería fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Collado indicó que la institución tiene facultades normativas para exigir el cumplimiento de las reglas que prohíben el uso de dinero de origen ilícito en campañas políticas.
Saera, sin embargo, destacó la gestión del presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, a quien calificó como un líder conciliador que ha mantenido estabilidad en el sistema electoral.
El debate concluyó con la advertencia de que, de mantenerse el conflicto entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, el tema de las candidaturas independientes podría convertirse en uno de los principales puntos de tensión política rumbo a las elecciones de 2028.







