La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este jueves la apertura de la vista pública del reglamento de la nueva Ley 47-25, una normativa que marca un cambio histórico al restablecer un sistema de sanciones administrativas, éticas y penales para funcionarios y proveedores que incurran en irregularidades durante los procesos de compras del Estado.
El director general de la DGCP, Carlos Pimentel, explicó que la antigua Ley 340-06 estuvo vigente por 20 años sin contemplar sanciones, debido a que el régimen de consecuencias fue eliminado en el 2006. Con la nueva legislación, ese vacío queda corregido.
Pimentel detalló que la Ley 47-25 incorpora penas que van desde 2 hasta 10 años de prisión para funcionarios y proveedores que se beneficien ilegalmente del sistema de contrataciones, además de otras consecuencias como inhabilitación, multas y medidas disciplinarias.
Durante la conferencia, el funcionario reveló que la DGCP remitió al Ministerio Público un informe con indicios de importantes hechos de corrupción, lo que motivó la suspensión de 20 proveedores. Mientras dure esta medida, no podrán presentar ofertas, participar en procesos ni ser adjudicados, en tanto la Procuraduría avanza en su investigación.
Pimentel aseguró que, de comprobarse responsabilidades, todos los involucrados serán imputados, tanto proveedores como funcionarios públicos que hayan formado parte de estructuras destinadas a beneficiarse ilegalmente de las contrataciones del Estado.
El director subrayó que el nuevo régimen sancionador busca garantizar más transparencia, integridad y eficiencia en las compras públicas, y que la vista pública del reglamento se desarrollará en dos etapas: una de 10 días y otra de 20.
Con la puesta en marcha de esta ley, el país se despide de la 340-06 y entra en una nueva etapa donde la ilegalidad en las contrataciones tendrá consecuencias reales y contundentes.
