La nueva Ley de Contrataciones Públicas comenzó a aplicarse este miércoles, tras más de 180 días de haber sido promulgada por el presidente Luis Abinader, sustituyendo de manera definitiva la antigua Ley de Compras y Contrataciones del año 2006.
La normativa, promulgada el 28 de julio de 2025, introduce cambios estructurales al sistema de compras del Estado y, por primera vez, establece sanciones penales para funcionarios y legisladores que negocien con el Estado, con penas que van de dos a cinco años de prisión. Asimismo, contempla hasta 10 años de cárcel para contratistas que ofrezcan sobornos o incurran en actos de corrupción durante los procesos de contratación.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que el reglamento de aplicación será publicado este martes, lo que permitirá la ejecución plena de la ley.
Entre las principales novedades figura la creación obligatoria de la plataforma “Tienda Virtual”, mediante la cual las instituciones deberán adquirir bienes y servicios disponibles, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas. También se prohíbe la fragmentación de contratos para evadir controles y se establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, donde deberán registrarse todas las etapas del proceso.
La ley forma parte de una reforma estudiada desde 2021 en el Congreso Nacional y responde a una prioridad del Gobierno orientada a fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y modernizar la gestión de los recursos públicos.
