“¡Una niña no es madre, un violador no es padre!”, gritaron los manifestantes en la que fue la cuarta protesta en menos de un mes, esta vez encabezada por un ataúd de cartón con el lema ‘Aquí yace el Proyecto de Ley 1904’.
Si la nueva ley es aprobada, el aborto pasa a ser considerado un homicidio y, en los casos en que el aborto se produzca después de la semana 22 de embarazo, se prevén penas de seis a 20 años de prisión tanto para la mujer, como para cualquier persona que la ayude. El proyecto no modifica la ley en casos de anencefalia y embarazo con riesgo para la madre.
Para Silvia Tomasini, activista del Frente Estatal para la Legalización del Aborto, la propuesta legislativa supone un “franco retroceso” que reduce aún más el acceso a la interrupción legal del embarazo.
El proyecto de ley, presentado por un diputado de ultraderecha y vinculado a las iglesias evangélicas, abriría las puertas a que la víctima de una violación condenada por abortar después de las 22 semanas cumpliese una pena de cárcel de hasta 20 años, superior incluso a la del propio violador.
“Es obsceno… Tenemos que estar en la calle para que sientan que pueden perder votos”, afirmó Tomasini, de 70 años.
Muchos de los manifestantes expresaron su desconfianza respecto al anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien dijo la semana pasada que crearía una comisión para discutir “sin prisas” la medida, después de una ola de protestas por todo el país y de las críticas del Gobierno.
Según Tamires Arantes, activista del colectivo feminista Juntas, la decisión de Lira, un político de centroderecha, es solo una “táctica” para ganar tiempo.
“Fue una victoria parcial para nosotras, pero el proyecto de ley puede volver en cualquier momento porque no está enterrado”, aseguró esta asistente social de 36 años, vestida con una camiseta de color morado con pegatinas a favor de la legalización del aborto.
Asimismo, los manifestantes pidieron a las autoridades que cumplan con lo mínimo y que ofrezcan servicios en condiciones para las mujeres que quieren abortar legalmente.
Hace unos meses, el Ayuntamiento de São Paulo, encabezado por Ricardo Nunes, un aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, suspendió los procedimientos de interrupción del embarazo en uno de los pocos hospitales públicos de la ciudad que los ofrecía.
“Los servicios para las mujeres que quieren abortar legalmente son insuficientes y a veces ellas tienen que viajar a otras regiones”, apuntó Arantes.
