SANTO DOMINGO, RD.- El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, volvió a exigir este miércoles que el Gobierno cumpla con lo establecido en el Código Tributario y libere del impuesto sobre la renta los salarios de hasta RD$52,000 mensuales, conforme a la indexación que debería aplicarse por inflación.
Fernández advirtió que el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, presentado por el Ejecutivo y actualmente en discusión en el Congreso Nacional, mantiene congelado el salario exento de impuestos en RD$34,685, sin actualizarlo por sexto año consecutivo. Según el legislador, esta medida afecta directamente a más de 300,000 trabajadores dominicanos, quienes ven reducido su poder adquisitivo frente al aumento sostenido del costo de vida.
“Estamos hablando de una diferencia de RD$17,244 que se le saca directamente del bolsillo a los dominicanos que más lo necesitan”, denunció Fernández.
El senador explicó que el costo promedio de la canasta básica familiar se sitúa en RD$46,716, por lo que mantener congelado el salario exento implica, en la práctica, que cada trabajador dentro de este rango salarial pierde el equivalente a una canasta básica completa al año.
Fernández calificó la situación como un ataque indirecto al poder adquisitivo de los trabajadores y aseguró que la medida del Gobierno “desconoce la ley y la inflación real que enfrentan las familias dominicanas”.
“Lo que propongo es muy simple: que el Gobierno cumpla la ley y dé un respiro a las familias que hoy enfrentan el costo de la vida con cada vez menos ingresos reales”, señaló.
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El senador también hizo un llamado a los legisladores de todas las bancadas a garantizar que la escala salarial exenta del Impuesto sobre la Renta sea ajustada conforme a la inflación acumulada, protegiendo así los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica de miles de familias.
El tema cobra especial relevancia en un contexto en el que el salario mínimo y los ingresos medios han quedado rezagados frente al aumento de precios de alimentos, servicios y transporte, generando preocupación por el impacto social y económico de las políticas fiscales actuales.
