Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU responsabiliza a altos funcionarios y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela durante más de una década.
El documento de 123 páginas detalla que la GNB participó directamente en detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, violencia sexual y actos de represión política, especialmente durante las protestas masivas de 2014, 2017, 2019 y 2024. Según la misión, los efectivos emplearon armas de fuego de manera indiscriminada, incluyendo disparos a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas, y alteraron proyectiles para causar mayor daño.
La militarización de la seguridad ciudadana y la concentración del poder bajo el presidente Nicolás Maduro habrían facilitado un contexto de impunidad, donde la GNB se convirtió en pieza central de la persecución política y el control social. Datos citados por la misión muestran que este cuerpo ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos entre 2019 y 2020, y fue clave en la criminalización de opositores tras las elecciones de 2024.
El informe enfatiza que tanto los efectivos de base como los altos mandos militares y políticos podrían enfrentar responsabilidad penal ante la Corte Penal Internacional, conforme a los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma.
La publicación coincide con la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, subrayando la creciente atención internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.
Según la ONU, los abusos de la GNB no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático de violencia y represión destinado a someter a la población y silenciar la disidencia política.
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