Santo Domingo. – Los sucesores de Jorge Mota y Rafael María Gatón anunciaron que reformularán sus querellas contra los acusados en Operación Calamar para incluir a nuevas personas, algunas de las cuales, aunque se citan en el expediente, no se les solicitó medidas coercitivas en su contra.
Por parte de la familia Gatón, su abogado Francisco García, dijo que, en su querella sobre la estafa a ese clan, que supera los 1,200 millones, no incluyeron al exministro José Ramón Peralta, al cual sumarán en su acción penal.
Peralta está incluido en la acusación del Ministerio Público e incluso guarda prisión por el caso, pero García afirma que en su querella civil no lo señalan.
En cuanto a los sucesores de Jorge Mota, sus representantes legales José Bidó y Martín Rubiera, anunciaron que pedirán medidas de coerción a exfuncionarios y abogados que se mencionan en el expediente que se depositó a la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pero que no se pidió ninguna medida coercitiva contra ellos, entre los que citaron a los abogados Juan Tomás Polanco Céspedes y Félix Benjamín Castillo.
Jorge Mota y Rafael María Gatón fallecieron en 1930 y 1940 y los libramientos de pagos por la expropiación de los terrenos por parte del Estado, que los declaró de utilidad pública, se hicieron, según el Ministerio Público, en los meses del 2020 por el Ministerio de Hacienda.
Los abogados José Bidó y Martín Rubiera adelantaron que recurrirán también la medida de coerción, consistente en arresto domiciliario, que se impuso a los acusados en Operación Calamar que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público porque los actores civiles y querellantes ignoran “los méritos de esos acuerdos”, por lo que desconocen si esos acusados que ya admitieron van a resarcir a los sucesores estafados.
Explican que esos acusados “de asociación de malhechores, falsificación, estafa, abuso de confianza” no han cumplido con ninguno de los acuerdos, por lo que deberían estar en la cárcel y no en sus casas. A 16 de los 20 acusados en Operación Calamar se les impuso prisión domiciliaria. Solo para Peralta y Guerrero se dispuso la prisión en una cárcel.
Según el Ministerio Público la estafa en Operación Calamar asciende a más de 19,000 millones de pesos.
Entre los imputados que han admitido su participación en la estafa y colaboran en la investigación, se incluye a Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.
Junto a los imputados antes mencionados, se acusa en el expediente al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. También, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
