Santo Domingo, R.D. — La posible solicitud del Poder Ejecutivo para declarar al país en estado de emergencia debido a los daños ocasionados por la tormenta Melissa ha generado un intenso debate entre el Gobierno y los partidos de oposición.
Mientras las autoridades evalúan la medida como una vía para agilizar la respuesta ante los efectos del fenómeno, sectores opositores la consideran innecesaria y temen que se convierta en una excusa para manejar fondos públicos sin los debidos controles.
Desde el Gobierno aseguran que cualquier recurso destinado a la reparación de daños estará sujeto a la Ley de Compras y Contrataciones, lo que afirman garantiza transparencia y evita el uso discrecional del dinero.
La Constitución de 2010 establece que la declaratoria de emergencia requiere aprobación del Congreso Nacional, por lo que el Ejecutivo analiza los pasos a seguir mientras continúa la fase de evaluación y mitigación de los daños.
Líderes de partidos como el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD advirtieron sobre el riesgo de un uso político de los recursos, proponiendo que solo se declare el estado de emergencia en las provincias más afectadas.
El presidente del Senado respondió que el marco legal vigente impide cualquier descontrol financiero, e instó a la oposición a colaborar con las soluciones.
En tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) pidió que esta situación sirva de aprendizaje para diseñar un plan nacional de prevención y respuesta ante futuros fenómenos atmosféricos, que permita reducir las pérdidas humanas y materiales.
