SANTO DOMINGO, RD.- Los Cangris, Inc. y Ramón L. Ayala Rodríguez, mundialmente conocido como Daddy Yankee, presentaron una demanda ante un tribunal federal contra el productor Raphy Pina, Mireddys González, el abogado Edwin Prado, Andrés Coll y varias entidades vinculadas a ellos.
El recurso legal invoca el RICO Act federal y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, alegando que existió una organización estructurada dedicada a apropiarse ilícitamente de derechos de autor y desviar regalías pertenecientes a Daddy Yankee y otros artistas.
Según el documento judicial obtenido por People en Español, desde aproximadamente 2015, Pina y su círculo habrían manipulado documentos esenciales de la industria musical incluyendo split sheets, contratos y formularios de copyright para figurar como supuesto coautor de canciones reconocidas.
Los demandantes afirman que esta supuesta maniobra les hizo perder millones en regalías y alteró archivos oficiales en la Oficina Federal de Copyright. Además, sostienen que Pina habría recurrido a tácticas de intimidación, coerción e incluso violencia para controlar a los artistas y evitar que reclamaran sus derechos.
La demanda también detalla que Andrés A. Coll-Fernández habría servido como asistente principal y mentor de Pina, validando y distribuyendo declaraciones de publicación consideradas fraudulentas, lo que permitió encubrir el esquema y generar beneficios económicos para los involucrados.
Por su parte, Mireddys González habría actuado como administradora dentro de la operación, preparando asignaciones que aumentaban artificialmente las participaciones de Pina-Nieves y reducían las de los demandantes, además de transmitir estos documentos a través del comercio interestatal y excluir a Daddy Yankee de comunicaciones clave para mantener la apariencia de legalidad.
El abogado Edwin J. Prado-Galarza, según la querella, facilitó la operación mediante la firma de contratos y circulación de documentos con las alegadas afirmaciones fraudulentas, entre ellos el “Acuerdo de composición del título principal” y el “Memorándum de Comprensión” de la canción Buena Vida (Remake), firmados sin autorización de Ayala Rodríguez y enviados a través del comercio interestatal. Se alega que Prado-Galarza obtuvo beneficios profesionales y financieros derivados del esquema.
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Los demandantes solicitan compensación económica, la corrección de los registros alterados y medidas que impidan que esquemas similares se repitan, argumentando que lo ocurrido no solo causó un daño financiero, sino que también afectó la transparencia y la herencia cultural del reguetón.
Hasta el momento, Raphy Pina y los demás acusados no han emitido declaraciones públicas sobre la demanda.
