SANTO DOMINGO.- El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, lamentó y condenó la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, en Herrera, ocurrida durante un hecho violento en el que estuvo involucrado un agente de la Policía Nacional (PN), institución llamada a proteger a la ciudadanía.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Ulloa sostuvo que un hecho de sangre de esa naturaleza debe ser investigado con rigor y que el agente señalado debe responder de manera individual ante el sistema de justicia.
El funcionario indicó que, aunque no se debe juzgar a toda la institución por la actuación de un agente, tampoco se puede permitir que un acto de esa gravedad quede sin consecuencias.
Reforma policial y responsabilidad individual
Ulloa afirmó que el miembro policial involucrado debe recibir “el peso de la ley” y la dureza de la pena correspondiente, al considerar que hechos como este afectan la confianza de la población en los cuerpos de seguridad.
Señaló que la reforma policial debe ser vista como un proceso, pero advirtió que los avances institucionales no pueden servir de excusa para justificar excesos cometidos por agentes en el ejercicio de sus funciones.
El defensor del pueblo explicó que, por primera vez, el presidente de la República revisa cada lunes mapas e índices de calor relacionados con la conflictividad social, lo que, según dijo, ha permitido medir comportamientos vinculados a la violencia.
Conflictos sociales y uso de la fuerza
Ulloa sostuvo que una parte importante de los casos que llegan al sistema de justicia tiene su origen en conflictos sociales e interpersonales, por lo que entiende que el país debe trabajar más en educación, prevención y convivencia ciudadana.
A su juicio, hechos como el ocurrido en Herrera no solo revelan fallas en la actuación policial, sino también problemas más profundos en la manera en que la sociedad maneja los conflictos.
El funcionario llamó la atención sobre el hecho de que el video del incidente fuera grabado por un ciudadano y no por una cámara corporal, una unidad policial o un sistema de seguimiento institucional que permitiera verificar todo el procedimiento.
Protocolos, cámaras y derechos humanos
Ulloa consideró necesario fortalecer el uso de herramientas como cámaras corporales, GPS y otros mecanismos de control que permitan establecer con claridad cómo actúan los agentes durante sus intervenciones.
También informó que el Defensor del Pueblo ha trabajado en acercamientos con la Policía Nacional para impulsar capacitaciones sobre el uso del manual de fuerza y su relación con los derechos humanos.
Explicó que ya se encuentra diseñado un diplomado dirigido a abordar estos temas desde una perspectiva ejecutiva, con el propósito de que los miembros policiales comprendan mejor los límites de su actuación frente a la ciudadanía.
Ley de la Policía Nacional y control externo
El defensor del pueblo planteó que el Congreso Nacional debe concluir la revisión de la Ley de la Policía Nacional, al señalar que esa normativa tiene años pendiente y podría establecer un régimen de consecuencias más fuerte.
Indicó que esa legislación también permitiría mayores niveles de fiscalización interna y externa, incluyendo atribuciones adicionales al Defensor del Pueblo para acompañar a la sociedad frente a posibles excesos policiales.
Ulloa insistió en que el uso desmedido de la fuerza no puede ser el primer recurso de un agente policial, por lo que consideró indispensable reforzar los procedimientos, la supervisión y la formación institucional.
Derechos y deberes en los destacamentos
El funcionario explicó que ha conversado con el director de la Policía Nacional sobre la posibilidad de colocar en los destacamentos materiales informativos con los derechos de los ciudadanos, basados en la Constitución y el Código Penal.
Precisó que la idea es presentar esa información en un lenguaje claro, de manera que toda persona que acuda a un destacamento pueda conocer cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes frente a la autoridad.
Ulloa dijo que espera retomar el tema con las autoridades policiales para impulsar ese despliegue en los destacamentos del país, como parte de un esfuerzo pedagógico que acompañe la reforma policial.
Denuncias, investigación y litigio estratégico
El defensor del pueblo aseguró que la institución que encabeza no actúa “de oído”, sino que cuenta con equipos de abogados que investigan los casos, notifican a la administración correspondiente y exigen respuestas cuando se identifican vulneraciones de derechos.
Explicó que, cuando una autoridad no responde o no atiende los requerimientos, el Defensor del Pueblo puede acudir al litigio estratégico para activar mecanismos de protección y garantizar que los ciudadanos sean escuchados.
Ulloa destacó que la institución ha logrado aumentar los niveles de respuesta de la administración pública y afirmó que su papel es servir de puente entre la ciudadanía y el Estado, especialmente en casos donde se denuncien abusos, silencio administrativo o violaciones de derechos fundamentales.
