El acuerdo marco entre EE.UU. y Argentina sobre comercio e inversión, que incluye aspectos arancelarios, normativos y de propiedad intelectual, establece importantes concesiones de Argentina hacia Washington y es “profundamente asimétrico”, advierten analistas consultados por EFE.
Argentina y Estados Unidos anunciaron el pasado jueves el principio de acuerdo, que abarca desde bienes agrícolas e industriales de todo tipo y minerales críticos hasta comercio electrónico.
Aunque el texto, publicado por la Casa Blanca únicamente en inglés, describe un “acuerdo recíproco de comercio e inversión”, los expertos coinciden en que resulta “profundamente asimétrico”.
Críticas por la asimetría del acuerdo
Anabella Busso, politóloga especializada en relaciones bilaterales entre ambos países, detalló a EFE que 15 de los 17 puntos del acuerdo son concesiones que Argentina hace a Estados Unidos, mientras que solo dos habilitan alguna posibilidad para el país sudamericano.
Uno de esos dos puntos es incluso hipotético y poco concreto: “EE.UU. puede considerar positivamente el efecto que el acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluso teniéndolo en cuenta al adoptar medidas comerciales” en sectores como la producción de aluminio o bienes intermedios destinados a la industria automotriz, afectados por las políticas arancelarias que la Administración de Donald Trump impuso a prácticamente todos los países desde el 2 de abril de 2025.
“Suena irrisorio que sea Estados Unidos, bajo la presente Administración, quien sostenga una retórica discursiva en pos del libre comercio”, afirma un informe publicado esta semana por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Según el texto divulgado el jueves, EE.UU. eliminaría los aranceles recíprocos únicamente sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico”.
Más allá de lo comercial
Argentina es el cuarto productor mundial de litio y el tercero en reservas de este material; además, posee abundantes ‘tierras raras’, esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos y productos de alta tecnología, cuya explotación compite con China a nivel mundial.
Los analistas señalan que cuando el acuerdo menciona “abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales” o “la prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio”, se busca desplazar a China de sectores estratégicos de Latinoamérica.
Florencia Rubiolo, especialista en política y economía internacional, sostiene que Estados Unidos persigue “un lugar de privilegio” ante la eventual privatización de empresas argentinas. También busca interrumpir proyectos de alto valor agregado y de tecnología impulsados con inversión china, como las obras de infraestructura nuclear de Nucleoeléctrica o la estación espacial instalada en la provincia de San Juan.
“Son componentes que van más allá de un alineamiento y se inscriben en una experiencia neocolonial”, afirma Busso.
Implicaciones constitucionales y soberanía nacional
El presidente argentino, Javier Milei, acordó este año un nuevo programa por 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que sumado a otras obligaciones ha llevado al país al mayor endeudamiento externo de su historia.
En octubre pasado, el Gobierno ultraderechista de Milei firmó además un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por hasta 20.000 millones de dólares, recibiendo el apoyo explícito de Donald Trump durante el proceso electoral.
Según Hernán Letcher, director del CEPA, el acuerdo marco “es tan generoso para Estados Unidos porque es el pago que Argentina debía hacer a Trump por el rescate financiero recibido”.
“Argentina lleva adelante esa negociación en un claro proceso de debilidad y dependencia financiera”, agrega Busso.
Los términos difundidos por la Casa Blanca no aclaran las implicancias respecto al Mercosur ni los criterios de Nación Más Favorecida (NMF), a los que Argentina está obligada por sus acuerdos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En materia constitucional, el alcance del acuerdo afecta atribuciones sustanciales del Congreso y de los gobiernos provinciales, que tienen la titularidad de los recursos naturales de la Nación.
El CEPA expresa su preocupación porque, a su juicio, “el futuro acuerdo implicaría una rendición sin precedentes de soberanía en todas las materias: comercial, económica, social, laboral, jurídica y ambiental”.
