Panamá. – El Gobierno panameño presentó un proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas en manifestaciones cuando se utilicen con fines violentos. La iniciativa, autorizada por el Consejo de Gabinete y a ser debatida en la Asamblea Nacional, incorpora el artículo 169-A al Código Penal, estableciendo penas de dos a cuatro años de prisión, que podrían elevarse a seis años si el ocultamiento del rostro facilita la comisión de otros delitos.
Según el Ejecutivo, la medida busca proteger la seguridad ciudadana, garantizar el derecho a la manifestación pacífica y prevenir que grupos violentos se infiltren en las protestas. “El objetivo es disuadir conductas que utilicen el anonimato como herramienta de violencia”, aseguró la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.
El proyecto ya genera cuestionamientos de diputados opositores y organizaciones civiles, que advierten sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión y al derecho de manifestación. Sectores críticos destacan que el uso de mascarillas no siempre responde a actos violentos, sino a motivos de seguridad personal, salud o protección ante gases lacrimógenos.
El debate se anticipa intenso, especialmente considerando el contexto reciente de protestas sociales en Panamá, como las movilizaciones de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad sobre la mina de cobre de Minera Panamá, y las manifestaciones del sector educativo y bananero.
Analistas coinciden en que la clave legal estará en demostrar la intención de cometer violencia al usar la máscara, diferenciando entre protección personal y conductas ilícitas. La discusión legislativa determinará si el proyecto equilibra adecuadamente seguridad y libertades civiles en un país con un historial reciente de protestas de alto impacto social.
