Millones de dominicanos depositan cada mes parte de su salario en un sistema que promete proteger su vejez; sin embargo, dos décadas después, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) han convertido la seguridad social en el negocio más rentable del país, mientras los trabajadores apenas reciben una fracción de lo aportado.
Una estructura que castiga al cotizante
El actual régimen de capitalización individual traslada a las AFPs la totalidad de las contribuciones de empleados y empleadores. A cambio, la entidad financiera cobra comisiones fijas y variables que, en la práctica, les garantizan utilidades incluso cuando el rendimiento de los fondos resulte mediocre. El desequilibrio entre riesgo privado y ganancia asegurada cuestiona la equidad de la ley 87‑01 que creó el sistema.
70 000 millones para las AFPs, 7 000 pesos para el jubilado
Desde 2004 las AFPs han reportado beneficios superiores a 70 000 millones de pesos. Paralelamente, la pensión promedio que hoy recibe un cotizante ronda apenas los 7 000 pesos mensuales, suma insuficiente para cubrir la canasta básica menos aún en un contexto de inflación acumulada. La brecha ilustra cómo la mayor parte de la rentabilidad se queda en manos de los administradores y no de los propietarios legítimos del dinero: los trabajadores.
Pensiones que no alcanzan
Con aportes obligatorios que equivalen al 10 % del salario (más el 2,87 % del empleador), un trabajador con treinta años de servicio debería aspirar a un ingreso digno tras su retiro. La realidad contradice esa expectativa: los montos entregados rozan el umbral de la pobreza. Este desfase entre sacrificio y recompensa configura, en palabras de los críticos, “una burla institucionalizada”.
Abusos sistémicos y falta de transparencia
El historial de las AFPs muestra incrementos en comisiones y cambios unilaterales en los portafolios de inversión sin consulta eficiente a los afiliados. La ausencia de un tope a las ganancias privadas y de sanciones contundentes por rentabilidades negativas ha permitido que el dinero destinado a la vejez del trabajador financie dividendos bancarios y expansiones corporativas.
¿Reforma o sustitución total?
No bastan ajustes cosméticos. Varios especialistas proponen:
- Redefinir las comisiones: Ligarlas estrictamente al rendimiento neto y no al saldo administrado.
- Crear un pilar solidario público: Garantizar un ingreso mínimo financiado con impuestos progresivos.
- Permitir la portabilidad internacional de aportes y opciones de retiro anticipado en casos de enfermedad o desempleo prolongado.
- Establecer un ente regulador autónomo con representación de trabajadores y jubilados, capaz de auditar en tiempo real las inversiones de los fondos.
Si una reforma profunda resultara políticamente inviable, se abre la discusión sobre sustituir el modelo por un sistema mixto o de reparto, donde el Estado y los empleadores compartan la responsabilidad de asegurar la vejez digna.
Un llamado ciudadano
El dinero de las pensiones pertenece a quienes lo trabajan. Convertirlo en mercancía financiera para los bancos atenta contra el principio básico de la seguridad social. Este editorial invita a la sociedad dominicana sindicatos, gremios profesionales, sector empresarial responsable y poder legislativo a exigir un cambio estructural que coloque al ser humano, y no al lucro, en el centro del sistema.
Porque el verdadero robo no se comete a mano armada, sino con comisiones, decretos y silencios que hipotecan la vejez del país.
Fuente: SIPEN, Memoria Institucional 2024 (pág. 42)
