Redacción. – La empresa Plaza Lama, representada por el empresario Pedro Juan Lama, presentó una querella formal por presunta difamación e injuria, alegadamente cometidas a través de plataformas electrónicas. La acción legal incluye una constitución en actor civil contra Aquiles Jiménez Fernández, a quien acusan de emitir declaraciones que habrían afectado la imagen pública tanto de la empresa como de su representante legal.

La denuncia fue remitida al Departamento de Propiedad Intelectual y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, bajo la coordinación de la fiscal Gabriela Gómez Garrido, quien dirige las diligencias del caso.

Como parte del proceso, el Ministerio Público ha citado a Jiménez Fernández para que comparezca el jueves 31 de julio, a las 11:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En dicha audiencia deberá ofrecer su versión de los hechos y ejercer su derecho a la defensa ante los fiscales a cargo.

Según la acusación, Jiménez Fernández habría difundido declaraciones ofensivas y carentes de veracidad que comprometen la reputación de Plaza Lama y de Pedro Juan Lama Haché. En vista de esto, los representantes legales de la empresa solicitaron una investigación formal y se constituyeron en parte demandante.

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Como respaldo legal, la querella incluye diversos documentos, entre ellos un informe policial fechado en octubre de 2020, el cual ya vinculaba a Jiménez Fernández con expresiones difamatorias contra otro empresario, Carlos Alberto Bonilla Sánchez. En ese caso, fue hallado culpable de difamación digital, recibiendo una condena de tres meses de prisión suspendida, una multa económica y el pago de un millón de pesos en concepto de indemnización por daños morales.

Dicha sentencia fue ratificada por la Corte de Apelación en 2023 y adquirió carácter definitivo en 2024, al agotarse los recursos de apelación.

Con base en esos antecedentes, los abogados de Plaza Lama argumentan que las autoridades deben proceder con firmeza ante esta nueva acusación, solicitando que Aquiles Jiménez Fernández sea debidamente investigado y enjuiciado por los perjuicios causados a la integridad moral de la empresa y su principal ejecutivo.









