SANTO DOMINGO.– El Poder Ejecutivo depositó este martes ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental (DIGITEG), una entidad autónoma que sustituiría a la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
La iniciativa busca establecer un nuevo marco institucional para coordinar las políticas de ética pública, transparencia, prevención de la corrupción, acceso a la información y protección de datos personales dentro de la administración pública.
De ser aprobada, la nueva entidad contaría con autonomía administrativa, financiera, funcional y técnica, además de facultades para recibir denuncias, realizar investigaciones sobre posibles faltas éticas o incumplimientos administrativos y coordinar acciones de integridad en las instituciones del Estado.
El proyecto también contempla la creación de Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en los organismos públicos, así como la obligación de funcionarios y servidores públicos de presentar declaraciones de conflictos de intereses.
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Asimismo, establece un régimen de sanciones administrativas que incluye amonestaciones, suspensiones, multas, destituciones e inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas.
La propuesta incorpora además mecanismos para la protección de denunciantes y de datos personales, así como la creación de un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia destinado a coordinar políticas y acciones entre las distintas entidades estatales.
Modificación al Código Civil
Junto con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley que modifica el artículo 1 del Código Civil Dominicano.
La propuesta busca igualar el plazo para la entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, al considerar que ambas demarcaciones mantienen una dinámica social, económica y laboral integrada.
El proyecto también reconoce la publicación electrónica oficial de las leyes con los mismos efectos jurídicos que la publicación impresa, como parte de un proceso de modernización normativa y fortalecimiento del acceso ciudadano a la información.
Ambas iniciativas fueron recibidas por el Congreso Nacional y serán enviadas a las comisiones correspondientes para su estudio antes de ser conocidas por el pleno legislativo.
