Santo Domingo – En el marco de las investigaciones del Ministerio Público en el caso denominado “Operación Camaleón”, que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez, han salido a la luz nuevos documentos que evidencian irregularidades en el financiamiento del polémico Proyecto de Semaforización.
Según los documentos, Beras habría solicitado a la Presidencia de la República, mediante una carta dirigida al Ministro de la Presidencia, Joel Santos, la autorización para que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) transfiriera fondos destinados a dicho proyecto. La solicitud, firmada por Beras, pedía el desembolso de RD$1,200 millones para financiar el proyecto, cifra que ahora se encuentra en el centro del escándalo gubernamental.
Joel Santos no solo tramitó la solicitud, sino que posteriormente notificó a Beras que la misma había sido aprobada en su totalidad. Esto incluyó tres desembolsos correspondientes a diferentes partidas para cubrir los costos del proyecto de semaforización.
Los documentos en poder de Multimedios Su Mundo confirman que tanto la Dirección de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República dieron su visto bueno al proceso, aprobando la inscripción del contrato que permitía el uso de los fondos solicitados a la Presidencia, facilitando la operación entre el IDAC y el INTRANT.
Sin embargo, en el expediente del Ministerio Público se detallan varias irregularidades en este proceso. Una de las más relevantes es la falsedad en la fuente de los recursos señalada en los documentos del proyecto, a pesar de la autorización de la Presidencia para que los fondos fueran transferidos desde el IDAC al INTRANT.
Además, se ha detectado que en los cronogramas de compra y contratación se ocultaron ciertos documentos clave, entre ellos objeciones a la licitación por parte de una empresa internacional. Dicha empresa, a través de actos de alguacil, interpuso un procedimiento en contra del proceso de licitación, lo cual fue ignorado por las autoridades responsables.
A pesar de estas irregularidades, y tras la aprobación de los fondos solicitados, ni la Dirección de Compras y Contrataciones ni la Contraloría General de la República detuvieron la ejecución del proyecto, lo que permitió que las tres partidas, que suman RD$1,200 millones, fueran transferidas desde el IDAC al INTRANT con el aval de la Presidencia.
