Cotuí.– La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Cotuí, Bernardina Peña, expresó este miércoles su respaldo a la lucha de los campesinos que reclaman la defensa de sus derechos frente a las acciones de la minera Barrick Gold. Peña aseguró que continuará acompañando a las comunidades afectadas y brindando apoyo legal apoyo legal a los detenidos y reprimidos durante las recientes protestas.
“Estamos al lado de ellos y seguiremos apoyándolos, como abogada también estoy defendiendo a los campesinos apresados y a otros que han sido represados”, a las 2:00 de la tarde está pautada la audiencia de medida de coerción, en la cual presentarán pruebas de la inocencia de los acusados”, declaró Peña.
Indicó que los campesinos están ocupando terrenos que pertenecen a la comunidad y no al Estado ni a particulares, y que su lucha se enmarca en la defensa del agua, un bien común e irrenunciable.
Sostuvó que los campesinos están defendiendo un derecho legítimo, universal y comunitario, como lo es el acceso al agua y a la tierra, ya que los terrenos en disputa no pertenecen ni al Estado ni a bancos privados, sino que son de la comunidad. “El agua es libre, y este derecho también lo es. Lo que defendemos es nuestro”, afirmó.
Por su parte, el abogado Martín Guzmán, defensor de los ciudadanos detenidos, acusó a las autoridades de actuar con abuso de poder y de responder únicamente a los intereses de la minera, que según afirmó ha sido protegida por funcionarios locales y nacionales a pesar de los graves daños ambientales que está provocando.
El jurista denunció que ha recibido amenazas directas, incluyendo una advertencia desde el cuartel de que “hay que salir de él”, lo que interpreta como una intimidación por su papel en la defensa de los derechos de los campesinos. “No soy un enemigo, estoy reclamando derechos. El agua es vida y al destruir los ríos, están matando comunidades enteras”, sostuvo.
Guzmán también denunció que la minera pretende comprar terrenos por debajo de su valor real, y que la presión para construir una carretera ha generado graves afectaciones al medio ambiente y la salud de los residentes, incluyendo casos de depresión por la contaminación acústica y la imposibilidad de descansar.
El abogado realizó un llamado a la procuradora Jenny Berenice Reynoso para que visite la zona y constate personalmente las irregularidades, advirtiendo que más de 20 comunidades podrían quedarse sin agua si no se detienen las operaciones de la empresa minera. Reiteró que tanto el gobierno como el sistema judicial han estado ausentes y que la comunidad necesita el apoyo urgente de las organizaciones sociales, religiosas y del pueblo dominicano.
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De su parte la dirigente comunitaria de la zona de El Naranjo, Rebeca Enríquez, , alzó su voz este tras el apresamiento del ciudadano José Maximiliano Sosa, solicitando que se respete el debido proceso legal y exhortando a las autoridades competentes a actuar con responsabilidad y justicia ante los conflictos surgidos en la comunidad.
Enríquez sugirió al presidente de la República, Luis Abinader, que se reúna de manera urgente con representantes de la minera Barrick Gold y con los comunitarios afectados, con el fin de buscar una solución inmediata al conflicto. “Hemos vivido muchas situaciones de vulneración a los derechos fundamentales de hombres y mujeres trabajadores en El Naranjo y otras comunidades aledañas”, expresó.
La dirigente también denunció como un “abuso” el proceso de pago por terrenos a los comunitarios, indicando que no se está ofreciendo una compensación justa. “Muchos son personas de edad avanzada que han vivido toda su vida ahí, y ese terreno tiene un valor humano y económico que debe ser reconocido y pagado por la empresa como corresponde”, afirmó.
Finalmente, Enríquez hizo un llamado a la fiscal encargada del caso para que actúe con equidad, denunciando que “la ley no se ha aplicado correctamente” y responsabilizando a Barrick Gold de los abusos ambientales y sociales. También pidió a la Policía Nacional actuar con imparcialidad, ya que según ella los comunitarios no son los culpables de la tala de árboles ni de los daños medioambientales provocados por la minera.
