Santo Domingo.— La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) inició una investigación de oficio por presunta colusión y prácticas anticompetitivas en un proceso de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), correspondiente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras detectar indicios razonables de coordinación de ofertas.
La medida fue dispuesta por la Dirección Ejecutiva de ProCompetencia mediante la Resolución núm. RII-DE-AAC-001-2026, que ordena investigar a las agentes económicas Ana Esmeralda Santana, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana, luego de identificarse múltiples coincidencias que sugieren una posible concertación para manipular los resultados del procedimiento de compras públicas.
Según explicó el órgano regulador, entre los hallazgos preliminares figuran vínculos societarios entre las oferentes, el uso de una red común de proveedores y la presentación de documentos técnicos idénticos, elementos que levantaron alertas sobre una eventual coordinación indebida.
Asimismo, la investigación identificó la obtención de documentos clave con numeración consecutiva, como cartas de referencia bancaria, así como la entrega de programas de control de plagas iguales, elaborados por la misma empresa y el mismo técnico fumigador, incluso en fechas coincidentes.
“Estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del procedimiento”, precisó la Dirección Ejecutiva de ProCompetencia en el documento oficial.
De manera preliminar, la conducta bajo investigación se enmarca en el artículo 5, literal “b”, de la Ley núm. 42-08, que prohíbe los acuerdos entre agentes económicos para coordinar ofertas en procesos de contratación, por constituir una práctica restrictiva de la libre competencia.
La institución aclaró que la apertura de esta investigación no implica un prejuzgamiento de culpabilidad, sino que habilita la fase investigativa con el objetivo de contrastar los indicios disponibles, garantizar el derecho a la defensa y respetar el principio de presunción de inocencia, hasta que una decisión final y firme determine responsabilidades.
Este caso marca el inicio de las investigaciones de ProCompetencia en 2026, luego de que el organismo cerrara el año 2025 con un récord de 16 agentes económicos involucrados en procesos por presuntas prácticas anticompetitivas.
