sábado, octubre 12, 2024

Proponen crear fondo para alojar en casas transitorias a quienes no paguen renta

El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED) propone a la Cámara de Diputados, polémicos cambios estructurales al Proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual fue aprobado por la Cámara Baja, el pasado 24 de mayo, en primera lectura.

En su propuesta de modificación el MIVHED sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o Telecable. Además, busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta.

50%

El costo de la fianza para los servicios será de tres pagos de facturación, aumentado en un 50%

El MIVHED, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la comisión especial de diputados que estudia la pieza que, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario “pueda exigir” el pago de la fianza, que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos períodos consecutivos de la facturación.

El documento que entregó el Ministerio establece que el propietario “podrá abstenerse” de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de quince días a partir del momento de la firma del contrato.

Entre los cambios que quiere integrar la entidad al proyecto de ley, busca que el pago de los servicios sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario, la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler.

En su última sugerencia sobre el tema, el MIVHED plantea que las empresas prestadoras de servicios de comunicación, agua y energía eléctrica no puedan negar la solicitud de nuevos contratos bajo el pretexto de facturas en atraso por parte de inquilinos o propietarios anteriores.

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