Varias comunidades de República Dominicana protagonizan desde inicios de 2025 protestas contra proyectos de minería, rellenos sanitarios y plantas eléctricas que, según los residentes, podrían afectar fuentes de agua, la salud pública y la calidad de vida.
Las movilizaciones, concentradas especialmente en el suroeste y norte del país, incluyen bloqueos de tránsito, marchas y recursos legales.
En La Cuaba, distrito municipal de San Juan de la Maguana, los moradores se han manifestado desde finales de noviembre contra la construcción de un relleno sanitario en el paraje El Aguacate. Los comunitarios aseguran que la obra podría convertirse en un vertedero que afectaría su salud, fuentes de agua y el desarrollo ecoturístico de la zona. “No queremos que destruyan nuestro río ni nuestra tierra”, expresó un líder comunitario durante una vigilia al amanecer.
En Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, las protestas se han centrado en la minera Barrick Gold, cuya intención es construir una presa de relaves para los residuos de extracción de oro. Las movilizaciones incluyeron marchas, encadenamientos a árboles y recursos legales ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). En varias intervenciones de la policía y fuerzas militares, ocho personas resultaron heridas, incluido un sacerdote local.
Otras comunidades afectadas incluyen Najayo Arriba, donde se bloquearon maquinarias de la empresa Docalsa; San Juan de la Maguana, en rechazo al proyecto Romero de la GoldQuest Dominicana; y Peravia, contra la contaminación de la planta termoeléctrica Punta Catalina. En Azua, los residentes cercanos a la playa Los Negros denuncian desde 2023 los impactos negativos de las barcazas de generación eléctrica de la empresa Karpowership sobre manglares y refugios de vida silvestre.
Incluso en Santo Domingo, ciudadanos organizaron una cadena humana en el Jardín Botánico Nacional para impedir la afectación de áreas verdes debido a la ampliación de la avenida República de Colombia.
Activistas y expertos advierten que estas protestas reflejan un conflicto persistente entre desarrollo económico y protección ambiental, y que la falta de soluciones efectivas podría intensificar la conflictividad en las regiones afectadas.
