Las declaraciones se producen en el marco del inicio del traslado de privados de libertad desde la Penitenciaría Nacional de La Victoria hacia el nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, como parte del proceso de modernización del sistema penitenciario nacional.
Amnistía Internacional ha cuestionado que las disposiciones adoptadas por las autoridades dominicanas resultan “discriminatorias” y podrían violar el derecho a la salud de las mujeres migrantes.
La organización ha advertido que estas medidas podrían desalentar a las parturientas haitianas de acudir a los centros médicos, incrementando el riesgo de complicaciones graves e incluso fatales.
En respuesta, Peña defendió la postura del Gobierno, asegurando que las políticas migratorias actuales buscan ordenar y regular la entrada al país, al tiempo que se garantiza la asistencia sanitaria de manera responsable y sostenible.
Señaló que el sistema de salud dominicano enfrenta una alta demanda y que el Estado ha adoptado decisiones necesarias para proteger su funcionamiento y asegurar la atención para todos los ciudadanos.
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La vicepresidenta reiteró que la República Dominicana mantiene su compromiso con los derechos humanos, pero subrayó la importancia de un manejo adecuado de los flujos migratorios para evitar la sobrecarga de los servicios públicos.
El Gobierno continúa firme en su postura de fortalecer los controles migratorios, mientras organizaciones internacionales insisten en evaluar el impacto humano de estas políticas.