El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Apple de monopolizar ilegalmente el mercado de los smartphones, un caso que ha sido reasignado al juez de distrito Julien Neals en Nueva Jersey tras la recusación del juez Michael Farbiarz por un conflicto de interés potencial.
Este cambio de asignación judicial tuvo lugar el miércoles, según se informa, sin la intervención de Apple o el Departamento de Justicia, quienes aún no han emitido comentarios al respecto.
La demanda contra Apple, presentada en marzo por el Departamento de Justicia junto a 15 estados de EE. UU., alega que la empresa con sede en Cupertino, California, ha establecido restricciones a los desarrolladores de aplicaciones limitando la competencia y la innovación, lo que resulta en precios más altos para los consumidores.
Apple niega las acusaciones
Apple niega estas acusaciones, aduciendo que la demanda “amenaza nuestra esencia y los principios que diferencian los productos de Apple en mercados altamente competitivos”.
El juez Farbiarz, que había sido asignado previamente al caso, se vio obligado a retirarse debido a una norma de ética judicial que impide a los jueces participar en litigios donde ellos o un miembro de su familia tengan conexiones cercanas o intereses financieros.
Aunque Farbiarz no especificó la razón exacta de su recusación, su salida del caso resultó ser obligatoria. Tanto Neals como Farbiarz fueron nombrados por el presidente Joe Biden y tienen antecedentes en el servicio público de Nueva Jersey.
La demanda ha generado también una serie de litigios civiles relacionados por parte de consumidores y empresas; muchos de estos casos, presentados en Nueva Jersey, fueron igualmente reasignados al juez Neals.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales el 21 de marzo han presentado una demanda contra Apple, acusándola de infracción de las leyes antimonopolio por limitar el acceso de la competencia a las funciones de hardware y software de sus smartphones.
La acción legal, que surge tras una investigación de cinco años, señala que Apple ha obstaculizado la innovación y elevado los precios para los consumidores. En respuesta, Apple defiende su enfoque de integración de hardware, software y servicios, argumentando que la demanda amenaza su filosofía de diseño y establecería un precedente peligroso para la intervención gubernamental en la tecnología.
Esta disputa se produjo después de que la Comisión Europea impusiera recientemente una multa a Apple por prácticas similares en la distribución de música en streaming.
Apple en marzo respondió a las acusaciones defendiendo su filosofía de innovación y la calidad de sus productos y servicios. La empresa argumentó que este litigio amenaza su capacidad de seguir creando tecnología que satisfaga las altas expectativas de sus usuarios y establecería un “precedente peligroso” al permitir al gobierno intervenir en el diseño de la tecnología.
La compañía se comprometió a defenderse vigorosamente contra lo que considera una demanda infundada tanto en hechos como en fundamentos legales.
Este caso no solo pone en juego el futuro de la firma, sino que también podría sentar un precedente importante en cuanto a la regulación gubernamental de las grandes empresas tecnológicas.
