De acuerdo con la exposición de Villeda ante el Congreso, la existencia de multas millonarias como requisito para la excarcelación ha impedido reducir la población penitenciaria y ha llevado a Guatemala a ocupar una de las posiciones más críticas de América Latina en hacinamiento, con una sobreocupación que supera el 300% de la capacidad instalada.
Según el funcionario, hay más de seis mil internos que, tras cumplir sus condenas, siguen en prisión al no poder pagar las sanciones económicas establecidas por la Ley contra el Lavado de Dinero.
Actualmente, la ley guatemalteca exige que quienes sean condenados por lavado de dinero cumplan entre seis y 20 años de cárcel y paguen una multa proporcional al valor de los activos incautados. El pago de estas sumas, muchas veces millonarias, es el único recurso para regularizar la situación procesal y obtener la libertad, una dinámica que Villeda calificó ante el Congreso como una forma indirecta de lavado de activos. Sostuvo: “El pago post-delito constituye en sí una forma de ‘lavado de dinero’”, manifestó el ministro de Gobernación.
Debate en el Congreso y cambios previstos en las penas
La iniciativa legislativa sometida a análisis y que se prevé pueda ser conocida por el pleno Legislativo propone eliminar la multa como sanción adicional y consolidar la pena de prisión como la única respuesta penal frente al lavado de activos. El diputado Elmer Palencia, segundo vicepresidente del Congreso, comentó que la propuesta también plantea endurecer las condenas, estableciendo un nuevo rango de diez a treinta años, superior al actual de entre ocho y veinte años, explicó Palencia a periodistas de distintos medios de comunicación.
La solución frente a la saturación penitenciaria reside en que miles de personas podrían ser liberadas de manera inmediata si prospera la reforma, ya que su retención responde únicamente a la incapacidad de pagar las multas. El impacto económico para el Estado sería relevante, pues el sostenimiento mensual de cada recluso representa un gasto de 1.850 quetzales, según datos oficiales del ministerio de Gobernación.
El expediente legislativo tiene también implicancias externas: la actualización normativa es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evalúa los sistemas contra el lavado de dinero en la región. Marco Antonio Villeda alertó que la ausencia de reformas podría exponer a Guatemala a sanciones económicas y una vigilancia global más estricta.
Las autoridades reconocen que impedir la liberación de quienes ya cumplieron la pena de prisión, solamente por la imposibilidad de pagar la multa, contribuye al colapso del sistema carcelario y debilita la lucha contra el crimen organizado. En palabras del ministro Villeda, la reforma busca fortalecer los controles y evitar que las sanciones económicas sirvan para legitimar capitales ilícitos.
La adopción de la reforma necesita la aprobación en primer debate por al menos 105 votos, debido a que implica modificaciones constitucionales. Las estimaciones oficiales prevén que la aprobación reduciría de inmediato la población penitenciaria, disminuiría el gasto público y permitiría que el país cumpla los estándares internacionales en la prevención del lavado de activos, lo que repercute en la estabilidad financiera y la imagen internacional de Guatemala.
