viernes, junio 12, 2026

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Sam Altman admite que OpenAI no controla el uso militar de su IA

El acuerdo con el Pentágono reaviva el debate sobre los límites éticos y el uso militar de la inteligencia artificial.

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El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, reconoció que la empresa no tiene control sobre la forma en que el Departamento de Defensa de Estados Unidos utiliza su tecnología de inteligencia artificial, incluso en operaciones militares o contextos clasificados.

Según reportes de medios estadounidenses, Altman explicó a empleados de la compañía que las decisiones operativas relacionadas con el despliegue de la inteligencia artificial quedan exclusivamente en manos de las autoridades militares. Esto significa que, una vez que la tecnología es entregada al gobierno, la empresa no interviene en cómo se emplea en el terreno.

Las declaraciones se producen en medio de un creciente debate sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar. El reciente acuerdo entre OpenAI y el Pentágono ha despertado preocupaciones sobre el potencial uso de estas herramientas en operaciones de defensa, vigilancia y sistemas autónomos.

El tema también ha generado tensiones dentro del sector tecnológico. La empresa Anthropic, dirigida por Dario Amodei, habría rechazado un contrato similar con el gobierno estadounidense por temor a que su tecnología pudiera utilizarse para vigilancia masiva o el desarrollo de armas autónomas.

Tras la polémica, Altman reconoció que el acuerdo con el gobierno fue firmado de manera apresurada, lo que generó críticas internas y externas. Ante ello, aseguró que la compañía revisará el contrato para reforzar garantías que impidan el uso de sus sistemas para vigilancia doméstica masiva y que mantengan la supervisión humana en el uso de la fuerza.

La controversia refleja el creciente desafío de establecer límites claros en el uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de aplicaciones militares. Mientras las empresas tecnológicas desarrollan herramientas cada vez más avanzadas, el debate continúa sobre quién debe definir las reglas para su utilización: las compañías creadoras o los gobiernos que las emplean.

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