Los Ángeles, EE.UU. – Un tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos declaró ilegal la decisión de la administración del presidente Donald Trump de rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600.000 venezolanos que residen en el país, aunque el beneficio continúa en riesgo por acciones legales pendientes.
El panel de tres jueces concluyó que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a la protección otorgada durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025) contradice la ley del Congreso. Además, el juez Salvador Mendoza señaló que la medida estaba motivada por animadversión racial contra los venezolanos, calificando la acción como ilegal.
A pesar del fallo, la resolución no tiene efecto inmediato, ya que la Corte Suprema permitió en octubre pasado que la eliminación del TPS siguiera vigente mientras se desarrolla el caso en California.
Impacto en los beneficiarios
De los 600.000 venezolanos protegidos, 250.000 perdieron el amparo en noviembre pasado, mientras que los restantes 350.000 verán vencida su protección en octubre próximo. Los abogados que representan a la comunidad advierten que, aunque la decisión de la corte es una victoria legal, los beneficiarios aún enfrentan posibilidades de detención y deportación.
Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organizaciones de Trabajadores Jornaleros (NDLON), dijo que la situación demuestra la magnitud de las fallas en el sistema de inmigración estadounidense. Por su parte, Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la UCLA, anticipó que el gobierno podría seguir deteniendo y deportando a los venezolanos mientras apela la decisión ante la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores.
Acción de la comunidad y perspectivas legales
Activistas como José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, señalaron que la unidad y presión de la comunidad son clave para mantener esperanzas de una solución favorable. La Alianza ya logró preservar el TPS para seis países tras la rescisión de Trump en 2017.
Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, advirtió que la administración busca eliminar las protecciones del TPS para todos los grupos dependientes de este programa, creado para limitar el poder discrecional del Ejecutivo.
Los demandantes están representados por NDLON, las Fundaciones de la Unión Estadounidense de los Derechos Civiles (ACLU) del Norte y Sur de California, el CILP de la UCLA y la Alianza Puente Haitiano. Palma recordó que el Congreso tiene la posibilidad de otorgar un estatus permanente para la comunidad venezolana, asegurando que la justicia no se limite a las resoluciones judiciales.
